Lo que no se dice sobre el supuesto “milagro alemán”

Un nuevo dogma ha aparecido en los establishments financieros, políticos y mediáticos europeos (incluidos los españoles) que sostiene que el supuesto “éxito” de la economía alemana se debe a las reformas que hizo el gobierno Schroeder hace años en su programa 2010, y que incluyeron el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, la dilución y debilitamiento de los beneficios laborales y sociales, la reducción de los salarios, la reducción del gasto público y otras medidas que parecen haber inspirado al gobierno Zapatero en las medidas que su gobierno ha tomado para salir de la crisis económica.
Como todo dogma, sin embargo, se reproduce a base de fe, en lugar de evidencia científica. En primer lugar, el modelo económico alemán está basado en la importancia de sus exportaciones, cuya diferencia con las importaciones representa un 7% del PIB. Alemania vende un 7% de PIB más de lo que compra, el diferencial más alto de cualquier país. Sus salarios no son bajos. El promedio en el sector exportador es de 48 dólares por hora, comparado con 32 dólares en el sector exportador en EEUU. Por cierto, los salarios tienen muy poco que ver con el éxito de las exportaciones, pues el precio de los productos exportados alemanes apenas ha variado (aunque la productividad ha crecido, sin que los salarios hayan aumentado con lo cual los beneficios han crecido enormemente a costa de los salarios).
Estas exportaciones en la manufactura no han significado una exportación de puestos de trabajo y ello como consecuencia de dos factores nunca citados en los medios neoliberales. Uno de ellos es que las empresas exportadoras tienen un compromiso con los sindicatos de que la exportación en la producción no supondrá la destrucción de los puestos de trabajo en casa. Así, Siemens, que es equivalente a General Electric en EEUU, tiene un acuerdo con el sindicato metalúrgico (IG Metall) de que no se eliminarán puestos de trabajo entre sus 128.000 empleados y trabajadores. Lo mismo han hecho BMW, Daimler y ThyssenKrupp. Todas estas compañías tienen algo en común: los sindicatos se sientan en el consejo de dirección de tales empresas (conforme a la ley de cogestión que exige en las grandes empresas que los sindicatos tengan el mismo número de asientos en los Consejos de Dirección que el equipo de gestión de la empresa). Y en muchas decisiones, los sindicatos tienen el poder de veto. La colaboración del tandem equipo de gestión-sindicatos es muy acentuada siendo los sindicatos de metal (IG Metall) los que han estado trabajando en el reciclaje y formación de trabajadores en la producción de coches eléctricos (ver los trabajos de Steven Hill sobre co-gestión en Alemania).

LA COGESTIÓN CONTRIBUYE AL BAJO DESEMPLEO
Esta participación de los trabajadores en la gestión de las empresas (conocido como co-gestión) tiene lugar en la gran mayoría de empresas alemanas, incluyendo las empresas de tamaño medio y pequeño (de menos de 500 trabajadores) que emplean dos tercios de los trabajadores alemanes. Un tercio de estas empresas trabajan en la manufactura, siendo muy innovadoras por su gran inversión en mejoramiento de la calidad de los productos, la mayoría de los cuales son productos intermedios. Alemania se gasta el 2.6% del PIB en investigación y desarrollo, muy superior del promedio de la UE-15, 1.9%. Alemania es el tercer país del mundo en producción de patentes. Gran número de estas patentes surgen de las medianas y pequeñas empresas que representan el 96% de todas las empresas alemanas. Es interesante señalar que esta descentralización de las empresas fue impuesta por los aliados que ocuparon Alemania después de la II Guerra Mundial, al querer romper con la centralización económica que había ocurrido durante la Alemania Nazi, creando un enorme grupo de poder que los aliados querían romper. Una situación semejante, por cierto, ocurrió en Japón, cuando paradójicamente el General MacArthur, jefe de las fuerzas de ocupación estadounidenses, impuso una reforma agraria como medida de romper la oligarquía terrateniente japonesa.
Por otra parte, la Alemania dividida estaba en el centro de la Guerra Fría. Al Este estaban los regímenes comunistas cuyo discurso y narrativa representaba en teoría, el dominio de la clase trabajadora sobre el estado. Y, aunque la realidad era muy distinta, el mundo occidental liderado por EEUU se vio forzado a contraponer al modelo comunista, el llamado Modelo de Economía Social, en el que los trabajadores participarían en la co-gestión de las empresas. Éste fue el origen de tal modelo. En las empresas mayores de 2.000 empleados, los trabajadores eligen la mitad del Comité de Dirección de la empresa. Las pequeñas y medianas empresas eligen un tercio de tal comité. Pero además de ello, existen en todos los lugares de trabajo, los Consejos Consultivos de los trabajadores, que deben ser consultados en gran número de decisiones que afectan al futuro de la empresa y a las condiciones de trabajo, teniendo poder de veto en decisiones claves.
Estudios realizados en Suecia y en Alemania muestran que este grado de colaboración empresa-mundo del trabajo es muy beneficioso para la empresa y también para los trabajadores. Naturalmente que este grado de participación requiere una actitud empresarial muy distinta a la española donde el empresario se caracteriza por su dureza como lo muestra, hasta ahora, el énfasis de sus organizaciones en intentar resolver el desempleo a base de despedir más fácilmente a los trabajadores. En Alemania, los empresarios retienen a los trabajadores, en lugar de despedirlos, siendo el seguro de desempleo el que cubre las horas no trabajadas dentro del empleo. Millones de trabajadores están en tiempo de trabajo más reducido del normal, siendo el seguro el que paga la diferencia para que el trabajador continúe sus ingresos, cumpliendo el tiempo reducido. De ahí el bajo desempleo en Alemania.

LAS CAJAS REGIONALES
El segundo factor que explica el éxito del modelo alemán es la estructura del sistema financiero que depende mucho en Alemania de un sistema de cajas de ahorros locales que por tradición y legislación se centran en las regiones y länders donde están ubicadas. Estas cajas de ahorro juegan un papel clave en ofrecer crédito a pequeños y medianos empresarios de su región, impidiéndoles que funcionen como bancos con capitalización externa (precisamente lo opuesto a lo que está haciendo el gobierno Zapatero). Estas cajas de ahorro son, en ocasiones, públicas, propiedad de los municipios. Estas cajas de ahorro han sido claves en sostener empresas intermedias locales y regionales, y su comportamiento distinto al de la banca (que tiene como objetivo optimizar la tasa de beneficios) ha sido clave para mantener una economía regional vibrante, creadora de empleo.
Y una tercera causa del éxito alemán es que las exportaciones alemanas se basan en el enorme crecimiento económico de China (un 9%) y de India (6%) y de sus importaciones de productos alemanes. Poco tiene, pues, que ver con las reformas Schroeder.
En España, mostrando el dominio de la cultura conservadora, la salida de la crisis se está tomando en términos que culpabilizan al trabajador de la crisis. Y así nos va. Creerse que a base de reducir los salarios y el gasto público saldremos de la crisis es un profundo error que está llevando a la economía española a una situación de retroceso. Nunca antes la sabiduría convencional económica había estado tan equivocada como ahora. El capital financiero, liderado por el Banco de España, y sus instrumentos intelectuales como Fedea, financiada por la banca, está dominando la cultura económica del país, con un coste humano enorme. Como he mostrado en mis artículos “La banca y el mundo académico” y “la banca, Fedea y la cultura económica dominante”, ambas en mi blog www.vnavarro.org, la excesiva influencia del capital financiero en configurar la cultura y la política económica de España están dañando enormemente el bienestar de las clases populares en España.

La sabiduría convencional sobre las pensiones

Este artículo muestra que la transición demográfica hacia una población con mayor porcentaje de ancianos, y por lo tanto de pensionistas, no tiene por qué afectar negativamente la viabilidad del sistema público de pensiones. El artículo también señala que el contraste que existe en España entre lo que propone y aprueba el establishment político por un lado a favor del retraso obligatorio de la edad de jubilación y el profundo rechazo a tal medida por parte de la mayoría de las clases populares representa un cuestionamiento de la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas que debilitan enormemente a tales instituciones.

Es parte de la sabiduría convencional sobre las pensiones que el crecimiento de los pensionistas, doblando su número en cuarenta años, hace inviable el sistema de pensiones públicas, a no ser que se reduzcan los beneficios de los pensionistas, mediante medidas como la de retrasar la edad de jubilación dos años. Se indica, una y otra vez, que de no tomar estas medidas, el gasto público en pensiones alcanzará el 15% del PIB (ahora es del 8%) en el año 2050 lo cual es inviable.
Es importante señalar, que la evidencia científica no avala tal tesis. Veamos los datos, y para que no se me acuse de sesgarlos a mi favor, voy a utilizar los propios datos del gobierno, presentados en el informe La reforma de las pensiones. ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española? (febrero 2011), publicado por la Fundación Ideas, el think tank informal del gobierno. En tal documento se señala que en los próximos cuarenta años el crecimiento de la productividad en España será como promedio un 2,5% por año. Si ello es así, es fácil de calcular el tamaño del PIB de España durante tal periodo. Permítanme un pequeño ejercicio de econometría. Elevando el 2,5% a la cuarenta potencia resulta que en 2050 el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. Es decir, que si ahora el PIB de España fuera 100, en 2050 sería 268. Ni que decir tiene que debido a la inflación el PIB medido en monedas corrientes sería muchas veces mayor que 268. Pero estamos utilizando valores monetarios constantes, es decir con la misma capacidad de compra en 2050 que en 2010. Estamos, pues, comparando manzanas con manzanas y no con peras.
Dicho esto veamos qué significa esto para las pensiones. En 2010, nos gastamos 8% del PIB en pensionistas y 92% en no pensionistas. Es decir que si en 2010 el PIB era 100, 8 unidades iban a pensionistas y 92 a no pensionistas. Pues bien, se nos dice que en el año 2050, en caso de que no haya cambios el 15% del PIB se gastará en pensiones, lo cual se considera un porcentaje muy elevado  pues, supuestamente, restaría de los recursos existentes para los no pensionistas. Pero, ello no es cierto y es fácil de verlo. El 15% de 268 (el PIB de 2050) es 40 unidades, que serán las asignadas a los pensionistas, una cantidad más de 4 veces mayor que la actual, con lo cual habrá dinero para cubrirá más del doble de pensionistas de ahora, pagando más pensiones y mejores que ahora. Y para los no pensionistas quedarán 268-40=228 que es también una cantidad mucho mayor que la existente en 2010 es decir, 92. Por lo tanto, los pensionistas y los no pensionistas tendrán muchos más recursos y ello como consecuencia de que el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. El número  de pensionistas se habrá doblado, pero el PIB habrá crecido incluso más. ¿Dónde está pues el problema? En realidad, hace cincuenta años, nos gastábamos menos de la mitad de lo que nos gastamos ahora en pensiones. Es decir, ahora nos gastamos más del doble de lo que nos gastamos en 1960, y ni el sistema de pensiones, ni el PIB  han colapsado, porque el PIB ha crecido incluso más. En realidad, aún en el caso de que el crecimiento de la productividad fuera menor a lo estimado por el gobierno (2% en lugar de 2.5%), el PIB sería más del doble del actual.
Estos datos no están siendo considerados en la argumentación que sostiene la inviabilidad del sistema de pensiones públicas a no ser que se retrase la edad de jubilación dos años. Los que sostienen tales tesis asumen que las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores y empresarios no serán suficientes para sostener las pensiones públicas lo cual es un cálculo de escaso valor pues ignora no solo el incremento de tales cotizaciones, resultado del incremento de la productividad y de los salarios, sino también el crecimiento del PIB, es decir, de la tarta  de la cual, pensionistas y no pensionistas, vivirán. No hay nada escrito en la Biblia religiosa o en las muchas Biblias económicas que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente o primordialmente a base de las cotizaciones sociales.
La Seguridad Social es el sistema de provisión social más popular en España (y en cualquier país). Es impensable que la ciudadanía dentro de cuarenta años cambie de opinión y deje de dar prioridad al sistema de aseguramiento público de las pensiones. Y en
una democracia, es la ciudadanía la que debiera establecer prioridades y tomar decisiones, lo cual, por cierto, no está ocurriendo ahora, puesto que es probable que en los próximos días se apruebe el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años por una gran mayoría de las Cortes, en contra del deseo y parecer de nada menos el 78% de la población española que no aprueba tal medida. Parece que esta mayoría de la ciudadanía no está convencida que la viabilidad de las pensiones futuras depende de que tenga que trabajar dos años más. Y los datos que he mostrado en este artículo muestran que lleva razón.

La movilización progresista frente a las fuerzas reaccionarias en EEUU

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL,

Este artículo detalla las movilizaciones que están teniendo lugar en EEUU en protesta de las propuestas antisindicales (cuestionando el derecho a la sindicalización) realizadas por gobiernos de los Estados en EEUU controlados por el movimiento de ultraderecha Tea Party. Tales movilizaciones, nunca vistas por su tamaño en los últimos treinta años, señalan una revitalización del movimiento sindical y un cuestionamiento de las políticas neoliberales llevadas a cabo por tales gobiernos. Las encuestas muestran un amplio apoyo de la población estadounidense a tales movilizaciones.

En los mayores medios de comunicación de España se ha prestado gran atención, en su descripción de lo que ocurre en EEUU, al movimiento conocido como Tea Party, un movimiento de ultraderecha que se ha presentado erróneamente en la mayoría de tales medios como un movimiento antiestablishment.
En otro artículo he intentado desmitificar este movimiento que es un movimiento claramente instrumentalizado por grupos económicos y financieros afectados por las reformas llevadas a cabo por la Administración Obama (“El Tea Party ¿Es el fascismo posible en EEUU?”, El Plural25/10/10). Uno de tales grupos son las compañías de seguros sanitarios que han visto afectados sus intereses por la reforma del sistema de financiación de la atención sanitaria en EEUU.
La base social de este movimiento Tea Party son primordialmente empleados de las compañías de seguros y otras empresas afectadas por las reformas de la Administración Obama así como profesionales autónomos y sectores del pequeño empresariado, que se oponen principalmente a la capacidad del estado (sea federal o estatal) de recoger impuestos, capacidad que los grandes grupos financieros y empresariales, así como las rentas superiores, consideran la raíz de todos los males de la economía y que quieren reducir al máximo. La medida con la que el supuesto antiestablishment Tea Party ha presionado más al Congreso de EEUU ha sido precisamente la de mantener los enormes recortes de la carga impositiva de los “superricos” que aprobó el pasado Presidente Bush junior y que el Presidente Obama había prometido eliminar durante su campaña electoral, aunque al final cedió, aceptando su continuación. Uno de los mayores financieros del Tea Party, es el multimillonario David Koch, el cual invirtió unas cantidades de fondos nunca vistos antes en la historia electoral de EEUU en su apoyo al candidato republicano del Tea Party, Scott Walker, para gobernador del Estado de Wisconsin, un estado emblemático por su tradición progresista. Era el plan de David Koch y su agente político Scott Walker el intentar desmantelar el estado del bienestar en aquel estado, pues si lo conseguían en aquel estado, lo podrían conseguir en cualquier otro estado de EEUU. Y un elemento clave en esta estrategia era debilitar a los sindicatos (comenzando con los sindicatos del sector público), hasta el punto de prohibir prácticamente la práctica del convenio colectivo, limitando estos convenios a negociar el nivel salarial pero nada más.
El argumento utilizado para llevar a cabo este proyecto era la necesidad de reducir el déficit del presupuesto del estado, lo cual exigía unos cambios y reducciones que requerían el debilitamiento, casi la extinción, de los sindicatos. Para movilizar el apoyo a estas medidas antisindicales, Scott Walkertrajo a las tropas de choque del Tea Party, lideradas por Joe, “the plumber” (José, el fontanero) al estado de Wisconsin, siendo tal campaña financiada por David Koch. Pero, cual fue la sorpresa del gobernador Walker, del Tea Party y del partido republicano (así como del establishment en general) cuando los sindicatos y la población trabajadora de Wisconsin se movilizaron en las manifestaciones más grandes que se hayan visto en la historia de Wisconsin, mucho más grandes que las del Tea Party. En realidad, éste último se vio desbordado por una enorme multitud de trabajadores, campesinos y profesionales de clase media, incluidos trabajadores, empleados y profesionales del sector público que se movilizaron para defender los servicios públicos del estado del bienestar. La gran sorpresa es que la mayoría era gente joven, incluyendo los niños que con sus padres fueron a las movilizaciones para apoyar a sus maestros. En las reuniones que tomaron lugar en el Capitolio del estado de Wisconsin, las canciones (que se creían olvidadas) de las luchas obreras que habían definido la militancia del movimiento laborista progresista en Wisconsin volvieron a oírse. Pronto, las manifestaciones de Wisconsin se han ido extendiendo a otros estados gobernados por el Tea Party y el partido republicano. Tales manifestaciones han creado una enorme simpatía a nivel de todo el país en apoyo del derecho a la sindicalización y a los convenios colectivos. Las encuestas muestran que los que apoyan tal derecho son el doble de los que no lo apoyan. Y en Wisconsin el gobernador Walker tiene un rechazo elevado, incluso entre aquellos votantes que le habían votado. Las encuestas muestran que si hubiera elecciones, Walker perdería: conseguiría el 45% del electorado frente al 52% de su oponente, el candidato demócrata. Pero lo que es incluso más importante es que este resurgir del movimiento trabajador está también cuestionando el dogma neoliberal que ha dominado la sabiduría convencional del país. Tal dogma señala que la única respuesta posible para salir de la crisis es la reducción del déficit del gobierno federal y de los estados a base de reducir el gasto público social y los derechos sociales y laborales. Una de las pancartas más vistas en las manifestaciones de Wisconsin era una que leía “No somos nosotros el problema: es la banca (Wall Street) y las grandes corporaciones empresariales” que en EEUU se llama Corporte Class. La secretaría general de uno de los sindicatos más militantes de EEUU, el sindicato de enfermeras, señaló acertadamente que “la causa mayor del crecimiento del déficit público han sido los recortes y beneficios fiscales otorgados a la banca y a las grandes corporaciones”. En Wisconsin, más de dos terceras partes de las grandes empresas no pagan ningún impuesto habiendo disminuido la carga impositiva de las grandes empresas un 50% desde 1981, queriendo el gobernador Walker reducirlo incluso más.
Una última observación. Uno de los momentos más emotivos de la enorme manifestación que tuvo lugar en la plaza mayor de Madison, en Wisconsin, fue cuando el reverendo Jesse Jackson, antes de comenzar su discurso, leyó el telegrama de adhesión a la manifestación del sindicato clandestino de los empleados públicos de Egipto. La plaza estalló en un aplauso entusiasta, con un canto a la solidaridad (solidarity forever, el himno de los sindicatos estadounidenses). Los mayores canales de televisión CNN, ABC, CBS, NBC apenas han cubierto estos hechos. Pero por primera vez en la historia de los últimos cuarenta años hay canales de televisión de izquierda como The Ed Show (claramente favorable a los sindicatos), o Rachel Maddow, (feminista progresista) ambos programas de la cadena MSNBC, así como Democracy Now que están alcanzando audiencias considerables, presentando alternativas a las cadenas tradicionales conservadoras y a la ultraderechista Fox. Las medidas reaccionarias, que está imponiendo la ultraderecha estadounidense para salir de la crisis ha movilizado a grandes sectores de la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias que apuntan, con razón, de que hay otra manera de salir de la crisis, revertiendo las enormes ventajas fiscales que obtuvieron los miembros y componentes de la Corporate Class, la clase de las grandes empresas de aquel país.

Por qué la economía española no se recupera

LA EXPLICACIÓN NEOLIBERAL
El dogma compartido por la cultura neoliberal dominante en el pensamiento económico del país, liderado por el Banco de España y por centros de investigación como FEDEA, financiados por intereses financieros y económicos del país, es que la mayor causa de que no nos recuperemos y tengamos un mayor crecimiento económico se debe al déficit del estado (la diferencia entre los gastos del estado y sus ingresos). Según tal dogma, el déficit público absorbe demasiados recursos, que se sustraen de la actividad económica en el sector privado. De ahí la supuesta desconfianza de los mercados.
De esta interpretación del porqué no estamos saliendo de la crisis se derivan sus propuestas, desarrolladas por el gobierno español de reducir el déficit, intentando alcanzar este objetivo a base, primordialmente, de reducir el gasto público. De ahí que hemos estado viendo una reducción muy marcada de los gastos públicos en sanidad, en educación, y en otros servicios públicos del estado del bienestar. Los recortes del empleo público en tales servicios del estado del bienestar, y la reducción de sus salarios son consecuencia de tales medidas de austeridad, aduciendo que tales recortes son necesarios porque nos gastamos demasiado en la España social, muy por encima de nuestras posibilidades. De ahí que debamos “ahora ajustarnos el cinturón”, tal como lo definió un portavoz de FEDEA.

EL ERROR DE TAL EXPLICACIÓN
El problema con tal interpretación del porqué no estamos saliendo de la recesión tan rápidamente como otros países es que es profundamente erróneo. En realidad la aplicación de tales medidas de austeridad está retrasando tal recuperación. Una prueba de ello es que los recortes del gasto y empleo público que están ocurriendo son muy sustanciales, y lo han sido ya durante bastante tiempo y, sin embargo, la economía no se está recuperando.
Veamos los datos. Y el primer dato que aparece claramente es que no es cierto que España se gaste en su estado del bienestar más de lo que pueda gastarse. El PIB per cápita de España es el 93.5% (en 2008) del promedio de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al nuestro). Pero el gasto público social (que cubre todo el gasto en las transferencias –como pensiones- y servicios públicos –sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, entre otros-) por habitante es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si nos gastásemos el promedio de la UE-15, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más de los que nos gastamos en el estado del bienestar. Esta cifra, por cierto, es casi la misma cantidad que, según los propios inspectores de Hacienda, corresponde a los ingresos al estado que éste no recibe, como resultado del fraude fiscal, la mayoría del cual procede de la banca, de las grandes empresas y de las rentas superiores. El argumento de que nos gastamos demasiado y por encima de nuestras posibilidades no es creíble y responde más al terreno de la propaganda ideológica que al del conocimiento científico. El nivel del gasto público social está muy por debajo del nivel de desarrollo económico del país.
Veamos ahora otro argumento; el de que el déficit sustrae recursos al sector privado. Tal postura ignora varios hechos. Uno de ellos es que asume una impermeabilidad entre los dos sectores que es inexistente. El gasto público puede ayudar al resurgir del sector privado cuando el sector privado está en recesión. Hoy, la población española no gasta y no consume como solía hacer antes de que se diera la recesión. En realidad, la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales explica que la gente haya tenido que endeudarse para poder consumir. El endeudamiento (que ha sido muy beneficioso para la banca, pues vive de ello) se pudo sostener por el elevado precio del aval, la vivienda. Pero cuando la vivienda se colapsó, el aval bajó y fue mucho más difícil poder continuar endeudándose. Y en consecuencia bajó el consumo y al bajar éste, la producción de los bienes y servicios que la población consume también bajó. A menor consumo, menor inversión, y mayor destrucción de empleo. Y ahí está la raíz del problema.

CUÁL ES LA SOLUCIÓN
La solución pasa por dos salidas. Una es que el gasto público aumente y llene el vacío que se ha creado en la demanda. Y la mejor manera en que el estado puede estimular la demanda es creando empleo con lo cual contribuye a resolver, además del problema de la demanda, el mayor problema social que existe en España que es el desempleo. El empleo creado puede ser público o privado o los dos a la vez. Pero es fundamental que el crecimiento del gasto fuera hacia la creación de empleo.
Otra manera de estimular la demanda es mediante la reducción de impuestos, pero esta medida es muy ineficiente e incluso errónea. Los economistas neoliberales usan la expresión “de poner más dinero en el bolsillo de la gente” para justificar su demanda de recortes de los impuestos. Pero se olvidan de preguntar ¿de qué bolsillos? Los que se benefician más de la reducción de impuestos son las rentas superiores que, al conseguir más dinero ahorran más de lo que consumen, pues ya tienen tanto que lo que les llega de más, lo ahorran. Son las clases de rentas más bajas las que consumen todo lo que les llega de más, pues siempre van cortas de dinero. Pero, las clases populares no son las que se benefician más de tales recortes de los impuestos. La mayoría del estímulo económico que el gobierno español realizó para salir de la crisis se basó en la reducción de impuestos y transferencias individuales del mismo tamaño para individuos de rentas muy dispares, lo cual, como he indicado en varias ocasiones, tuvo un impacto estimulante relativamente menor del esperado. Lo que debe hacerse, pues, es no reducir los impuestos de la banca y de las grandes empresas y de las rentas altas (cuyos ingresos han continuado ascendiendo en progresión geométrica), sino aumentárselo y con el dinero conseguido crear empleo. Esta creación de empleo y aumento del gasto público en servicios públicos del estado del bienestar y en infraestructuras aumentaría la demanda, estimulando el sector privado. No es pues, que el sector público absorba y reste recursos al sector privado, sino que lo ayuda y complementa.

LA CREACIÓN DE BANCAS PÚBLICAS
La otra medida es crear bancas públicas (a base de incrementar los impuestos a la banca privada y a las transacciones a corto plazo, es decir, la famosa tasa Tobin) que garantice la disponibilidad del crédito a pequeños empresarios y a la ciudadanía en general.
Tales medidas aumentarían el crecimiento económico que es, por cierto, la mejor manera de reducir el déficit del estado. Es erróneo para la economía, el continuar el intento de disminuir el déficit del estado a base de recortar el gasto público, pues ello, ralentiza todavía más el necesario crecimiento económico.
Los neoliberales niegan la posibilidad de que se aumente el gasto público, aduciendo –como he dicho antes- que no tenemos dinero para pagarlo. Uno de los más estridentes representantes de esta ideología incluso tiene un blog que se llama “Nada es gratis”. Ya he indicado que esta postura responde a un dogma que se reproduce a base de ideología y fe, en lugar de evidencia. España tiene el mayor fraude fiscal de la UE-15 (mucho de tal fraude realizado por la Banca que financia a FEDEA y el blog Nada es gratis) y la mayor regresividad fiscal. Consecuencia de ello es que el Estado español es el que ingresa menos recursos. Sólo el 33.3% comparado con el 46.3% (impuestos recaudados como porcentaje del PIB, 2008, según OCDE) en Suecia, uno de los países más competitivos hoy en el mundo.
En realidad, el subdesarrollo económico y social de España se basa precisamente en el escaso desarrollo sector público, y la pobreza de su infraestructura y de sus servicios públicos. El argumento que tales voces neoliberales de que el sector público está hipertrofiado no se sustenta a base de los datos. En España sólo el 9% de adultos trabajan en el sector público. En Suecia, es el 22.5%. ¿Hasta cuándo continuará el dogma neoliberal que está creando tanto dolor en España?

La banca, Fedea y la cultura económica dominante

Uno de los mayores escándalos en la comunidad científica fue el descubrimiento de que varios científicos, que estaban asesorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la bondad de la vacunación masiva contra la epidemia de gripe porcina, estaban, en realidad, trabajando para la compañía farmacéutica que estaba fabricando tal vacuna, hecho que tales científicos no habían declarado. Como era de esperar, hubo una protesta generalizada, no sólo en la comunidad científica, sino también en la gran mayoría de medios de información, sobre la falta de neutralidad y objetividad de aquellos científicos que, al trabajar para la compañía farmacéutica que se beneficiaría de la decisión que tomó la OMS, estaban sesgando su asesoramiento a la OMS con el fin de favorecer otros intereses económicos.
En realidad, tal conflicto de intereses ha sido una práctica constante en la cultura científico-sanitaria, lo cual ha motivado toda una serie de medidas, tales como la necesidad de que los científicos tengan que declarar públicamente sus relaciones con grupos farmacéuticos u otros intereses económicos que puedan beneficiarse del trabajo del científico. Y, en muchos casos, deben también excusarse y no participar en funciones de asesoramiento a las autoridades públicas que deban tomar decisiones que afecten a los intereses de tales grupos económicos.
Es curioso (y preocupante) que tales políticas sostenedoras de la integridad científica y de la protección del interés público no se respeten en las áreas económicas. Así, en EEUU, 13 de los 19 economistas que han estado trabajando en el equipo económico del Presidente Obama, o que le han estado asesorando, estaban también asesorando a la banca sobre la cual el gobierno federal estaba actuando. Un tanto semejante ocurre en la rama legislativa del gobierno federal. De los 96 testimonios producidos por economistas frente a los dos comités más importantes del Congreso de EEUU en temas de regulación bancaria (Senate Committee of Banking y Finantial Services Committee), un tercio de las declaraciones se realizaban por economistas próximos a la banca que no declararon tal relación en la presentación de su testimonio. Todos ellos se presentaron como economistas (la gran mayoría universitarios), científicos objetivos, comprometidos con el bienestar de la población. Como bien señaló más tarde un Senador de tal Comité, que se indignó al descubrir estas conexiones, “no puede asumirse automáticamente que el bienestar de la banca y el bienestar de la población coincidan”. De ahí la necesidad de que las conexiones y simpatías de los economistas debieran declararse.
De la misma manera que ha habido un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la industria farmacéutica en la práctica médica, debiera haber un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la banca en el desarrollo de las políticas económicas. Al igual que los estados de la mayoría de países desarrollados han llevado a cabo políticas encaminadas a proteger a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de esta excesiva influencia de la industria farmacéutica en el desarrollo de la cultura sanitaria (protección todavía muy limitada en España), hace falta que se desarrollen medidas semejantes orientadas a proteger a la ciudadanía de la excesiva influencia de la banca y otros grupos de presión. Sin embargo, no se han tomado medidas preventivas que protejan a la ciudadanía y a los profesionales de la excesiva influencia de la banca en configurar la cultura económica.
En EEUU, varios catedráticos de economía han protestado a la Asociación Americana de Economistas (The American Economic Association) sobre esta excesiva influencia de la banca en los mayores centros universitarios de estudios económicos, y que explica, en parte, su incapacidad de predecir la enorme crisis económica y financiera que estamos viviendo. Una situación semejante debiera ocurrir en España, donde la influencia de la industria farmacéutica y de la banca en configurar la sabiduría convencional en su área de conocimiento (sanidad y economía) es, a todas luces, excesiva. En el caso de la banca, los mayores centros y grupos de investigación social y económica en España están financiados por la Banca y por las Cajas, que determinan la “ortodoxia” económica, ortodoxia que ha fracasado rotundamente en esta situación de crisis. Hoy existe una enorme necesidad de cambios profundos en las ciencias sociales, incluyendo las ciencias económicas, que no sólo ignoraron las causas de las crisis, sino que contribuyeron a ella. Esta reforma requiere, sin embargo, un cambio muy sustancial de los sistemas de financiación e incentivos de la investigación social y económica. Ni que decir tiene, que la universidad debe estar abierta a la sociedad y servirla. Como tal, debe contribuir al desarrollo político, social y económico del país, investigando y asesorando a sus distintos componentes, incluyendo, como no, el mundo empresarial y financiero. Pero ello no debe ocurrir mediante la instrumentalización del mundo universitario por parte de estos intereses económicos y financieros. El mejor ejemplo de cómo no debería hacerse son las Cátedras Fedea, que son financiadas por la banca y por las empresas que están a su servicio. El establecimiento de estas Cátedras es la violación de la integridad del proyecto académico y de su objetividad y neutralidad. Todos los estudios de Fedea muestran la coincidencia entre los análisis y propuestas de tales Cátedras y los de la Banca. No es pues su objetivo el aumentar el conocimiento científico sino el de promover y propagar el ideario de tal grupo de presión.

Derechos humanos, ¿de quién?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 31 de marzo de 2011

Este artículo critica la doble moral de los mayores medios de información españoles, de los supuestamente grandes defensores de los derechos humanos (como Mario Vargas Llosa, José María Aznar, Bernard-Henri Lévy, Moisés Naím y otros), y del Congreso de EEUU y del Parlamento Europeo que constantemente denuncian la violación de derechos humanos en Cuba, mientras mantienen un silencio ensordecedor sobre mayores violaciones de tales derechos realizados por gobiernos de derechas como Colombia, el país del mundo que tiene el mayor número de personas desplazadas de sus hogares por razones políticas y el mayor número de sindicalistas asesinados. El artículo señala también como el Tratado Bilateral de Libre Comercio entre Colombia y EEUU incrementará todavía más la violación de los derechos humanos de la mayoría de las clases populares colombianas.
Es extraordinaria la selectividad que existe en los medios de información de mayor difusión de España en la cobertura de las violaciones de los derechos humanos hoy en el mundo. Cuando tales violaciones ocurren en Cuba, la noticia ocupa grandes espacios mediáticos. La liberación de presos políticos en aquel país, por ejemplo, ha ocupado una gran atención de tales medios, así como de los establishments políticos tanto de España como de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, por ejemplo, dominado por los partidos pertenecientes a las sensibilidades conservadoras y liberales, ha pasado varias resoluciones sobre lo que llaman “la flagrante violación de los derechos humanos en Cuba”. Me parece bien que se denuncie la violación de derechos humanos en Cuba, pero me parece enormemente incoherente (para expresarlo de una manera amable) que se permanezca en silencio frente a las violaciones mucho más extensas y más dramáticas que las ocurridas en Cuba y llevadas a cabo en países gobernados por las derechas, tales como Colombia. En realidad, este silencio muestra la falta de credibilidad de tales medios en su supuesta defensa de los derechos humanos. Lo que están haciendo es utilizarlos para promover sus puntos de vista políticos e ideológicos. No son las violaciones de los derechos humanos (que utilizan para sus fines ideológicos), sino su objetivo de promocionar su ideario político lo que motiva su atención a tal violación.
Hoy, uno de los países que está cometiendo mayores violaciones de derechos humanos en América Latina y en el mundo es Colombia, sin que los medios de información españoles de mayor difusión hayan informado sobre ello. Colombia ha sobrepasado este año a Sudán como el país que tiene un porcentaje mayor de personas desplazadas de sus hogares por causas políticas. De una población total de 44 millones de habitantes, 5,2 millones (casi el 12% de la población) han sido desplazadas por causas políticas, siendo los grupos más afectados por estos desplazamientos forzosos las poblaciones indígenas, tal como documenta el asesor jurídico de los Sindicatos del Acero de EEUU, Dan Kovalick, en su artículo “Colombia Slips Into the Abyss” (Counterpunch, 10-03-11).
Es probable que esta situación se acentúe con el Tratado de Libre Comercio con EEUU, pues facilitará las inversiones estadounidenses en la producción de aceite de palma, que es una de las causas del desplazamiento de la población indígena, conseguido por medios violentos y liderado por los infames paramilitares, que utilizan la lucha contra la guerrilla como excusa para expulsar a miles y miles de campesinos de sus tierras.
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU (presionado por las grandes corporaciones estadounidenses) tendrá un impacto muy negativo en el pequeño campesino colombiano, tal como ha ocurrido con semejantes tratados bilaterales de EEUU con México y con Haití. Como ha reconocido recientemente nada menos que el que fue presidente de EEUU Bill Clinton, el mayor promotor del tratado de libre comercio entre Haití y EEUU cuando fue presidente, tal tratado ha dañado a Haití. Cito directamente sus declaraciones: “El tratado bilateral con Haití favoreció a los grandes agricultores de mi Estado, Arkansas, pero ha dañado enormemente a los pequeños campesinos de Haití. Fue un gran error… Y tendré que vivir el resto de mi vida con el sentimiento de haber sido responsable del deterioro de la capacidad de producir alimento por parte del propio pueblo de Haití” (mencionado en el artículo de Kovalick).
Otra enorme violación de los derechos humanos es la situación laboral en Colombia. Según la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia, 51 sindicalistas fueron asesinados en 2010, y en lo que va de año ya se ha asesinado a cuatro sindicalistas (incluyendo tres maestros). Como escribe el mismo Dan Kovalick (esta vez en el diario Huffington Post, 09-03-11), este número de sindicalistas, 51, es idéntico al número de sindicalistas asesinados en 2008, cuando el candidato Obama expresó su desacuerdo con el tratado bilateral de comercio entre Colombia y EEUU. El candidato Obama se opuso a la ratificación del tratado, refiriéndose a los asesinatos políticos de los sindicalistas como la causa de su oposición. Un indicador más del abandono de muchas de sus promesas ha sido el hecho de que el presidente Obama, con el mismo número de sindicalistas muertos hoy que entonces, apoye ahora tal ratificación. La situación de abuso que está ocurriendo en Colombia ha dado pie a que la Confederación Internacional de Sindicatos se oponga también a que se establezca un tratado bilateral entre la Unión Europea y Colombia semejante al que probablemente se aprobará en EEUU este año. Es probable que ambos parlamentos, el Congreso de EEUU y el Parlamento Europeo, que se llenan la boca hablando de derechos humanos, aprueben tal tratado.
¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si fueran asesinados 51 sindicalistas en Cuba? Ocurre en Colombia y ni siquiera es noticia. ¿Dónde están los “grandes defensores de los derechos humanos” como Mario Vargas Llosa, José María Aznar, Bernard-Henri Lévy, Moisés Naím y otros? y ¿dónde se pueden leer los editoriales de los grandes medios de difusión protestando por tales hechos? Por cierto, cuando estoy terminando de escribir este artículo, leo en la agencia EFE que el abogado Ricardo Alberto Sierra, que representaba a los familiares de las víctimas de los paramilitares de la región del Pacífico (20.000 asesinados), acaba de ser asesinado ante su familia. ¿Hasta cuándo la comunidad internacional, supuestamente defensora de los derechos humanos, continuará con su silencio ensordecedor?

Lucha de clases bajo otro nombre

Este artículo critica el Pacto de Competitividad propuesto por la canciller alemana Angela Merkel a los países de la eurozona, cuya aprobación y desarrollo afectaría negativamente la capacidad adquisitiva de las clases populares. El artículo da una visión crítica del llamado “milagro” exportador alemán cuya extensión al resto de la eurozona tendría efectos perniciosos para la recuperación económica de España y de tal zona monetaria.

Estamos viviendo la avalancha conservadora-neoliberal liderada por la canciller Angela Merkel, que propone realizar reformas en la eurozona encaminadas a mejorar la competitividad de los países que la componen a base de reducir los salarios y los derechos laborales. En tal postura se presupone que la competitividad depende en gran medida de los salarios, de manera que su variación a la baja producirá un aumento al alza de la competitividad, al permitir una bajada de precios, lo que hará que los productos sean más baratos y con ello aumentará su competitividad. Como apoyo a su teoría, Merkel hace referencia a Alemania, cuya elevada competitividad se basa, según la canciller, en la “moderación salarial”, la palabra utilizada en el discurso neoliberal para definir un proceso en el que los salarios están estancados o disminuyen mientras que la productividad aumenta.
El problema de tal teoría es que los datos no apoyan tales tesis. Como muy bien ha documentado Ronald Janssen en su artículo European Economic Governance: The Next Big Hold Up On Wages, en la revista Social Europe Journal (02-03-2001), la famosa competitividad alemana tiene muy poco que ver con el nivel de los salarios, con su moderación o con los precios de los productos que Alemania exporta. El éxito de las exportaciones alemanas no se basa en sus precios, tal como ha documentado la propia Comisión Europea. Esta, en un informe de 2010, concluyó que el crecimiento de las exportaciones alemanas durante el periodo 1999-2008 (un crecimiento anual del 7,3%) se debió primordialmente al crecimiento de los mercados importadores. Sólo un 0,3% se debía al cambio de precios de los productos exportados. El milagro exportador alemán se debe, principalmente, al enorme crecimiento de las importaciones de productos alemanes por parte sobre todo de las economías emergentes. Tales productos son manufacturas, equipamientos de tecnologías Telecom, infraestructura de transportes y otros. El éxito de las exportaciones se debe, por lo tanto, al know how y muy poco a los precios de los productos. Estudios econométricos realizados en Alemania han mostrado que una reducción del 10% en su precio sólo aumentaría las exportaciones un 4%. De estos y otros datos se deduce que la moderación salarial que ha tenido lugar durante este periodo en Alemania no era para reducir los precios (que no se redujeron), sino para aumentar los beneficios empresariales, que alcanzaron niveles sin precedentes. El porcentaje de beneficios del sector empresarial en los sectores manufactureros y otros sectores exportadores aumentaron, de un 36% del valor añadido bruto en 2004, al 41% en 2008. Mientras, los salarios permanecieron constantes.
Y ahí está la razón del discurso conservador-neoliberal. El objetivo no es la defensa de la economía o de la competitividad, sino de los intereses de las grandes empresas (incluyendo también, por cierto, a los bancos) a costa de los intereses de los trabajadores. Es lo que antes se llamaba lucha de clases, lo cual ahora se enmascara bajo el discurso de la competitividad. Y este es el modelo que la canciller Merkel y su partido (perteneciente a la misma familia política que el Partido Popular en España) desean implantar en la UE. Estos intereses empresariales y financieros son los que ahora están promoviendo con el mismo discurso en España, presionando para que exista un descenso de los salarios. Desean que los salarios bajen para que aumenten sus beneficios, argumentando que la reducción de los salarios hará mejorar las exportaciones y con ello la economía. Pero las exportaciones en España han continuado creciendo, tal como han ido creciendo también la productividad y los salarios, en porcentajes, por cierto, muy similares a Alemania, como bien ha documentado Mark Weisbrot en su artículo Spain’s Trouble are Tied to Eurozone Policies, en The Guardian (29-01-2001). En realidad, como en Alemania, la variabilidad en los precios no es determinante del tamaño de las exportaciones españolas. También, como en Alemania, la demanda de los países importadores es la clave. Reducir los salarios en España a fin de afectar a la competitividad requerirá un recorte salarial muy sustancial para que ello se note. Y este recorte afectará muy negativamente a la demanda interna.
Y ahí está el meollo de la cuestión en España y en la UE. Sus exportaciones no dependen tanto del precio de sus productos, sino de la demanda de estos, lo cual depende, a su vez, del crecimiento de los mercados domésticos e importadores, que son en su mayoría los países de la eurozona. Las exportaciones españolas se basan en productos de tecnología alta y media (productos manufacturados), como en Alemania, y productos agrícolas, pesca y artesanía de baja y media tecnología, cuyas exportaciones y consumo dependen más de su calidad que de su precio. El mejor determinante de las exportaciones españolas es el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los países importadores, tales como Alemania (que depende del nivel de sus salarios). De ahí que la reducción salarial tanto en Alemania como en España (y en otros países de la eurozona) va precisamente en contra del aumento del comercio, pues deprime la demanda tanto doméstica como exterior, retrasando notablemente la capacidad de recuperación de las economías europeas.
Lo que está ocurriendo en la eurozona es que los intereses financieros y de las grandes empresas están utilizando la crisis, que ellos mismos crearon, para conseguir lo que siempre desearon: la reducción e incluso eliminación de los derechos sociales, laborales e incluso políticos de las clases populares en general y de la clase trabajadora en especial. Y esto es de lo que debe informarse a la población.

El problema es el paro

Carta al Director publicada en el diario EL PAIS, 24 de enero de 2011

El título de su informe Las cotizaciones por los empleados ya no bastan para pagar las pensiones contribuye a crear una impresión errónea de que el sistema de las pensiones públicas es inviable, lo cual es erróneo. El problema no es, como constantemente se acentúa, que los beneficiarios pensionistas aumentan sin un correspondiente incremento de los ingresos al sistema de pensiones, sino que en la situación coyuntural de crisis profunda que estamos viendo desde 2007, el número de cotizantes ha bajado considerablemente, como resultado del elevadísimo desempleo. El problema es el paro, no el aumento del número de pensionistas. La viabilidad en la financiación del sistema público depende no solo del número de pensionistas, sino también del número de cotizantes y contribuyentes y del tamaño de las cotizaciones y contribuciones.

España tiene uno de los porcentajes de la población adulta en el mercado de trabajo más bajos en la UE. Si en lugar de 59% de la población adulta que trabaja lo hiciera el 75%, y las cotizaciones fueran mayores, resultado de un aumento de la productividad y de los salarios, y más progresistas, incluyendo mayores cotizaciones por parte de las rentas superiores (que no contribuyen en la medida que debieran), el sistema público de pensiones no tendría ningún problema, aunque el número de pensionistas doblara en 40 años o que el 18% del PIB fuera a pensiones públicas.

Necesita España un látigo para salir de la crisis?

Este artículo critica la tesis sostenida por Javier Ayuso, corresponsal económico y redactor jefe de El País, en su artículo “España necesita el látigo del Pacto del Euro” (20/3/2011), que sostiene que la causa del estancamiento de la economía española se debe al incremento de los salarios y al escaso crecimiento de la productividad. Critica también el criterio de selección de los “expertos” que Javier Ayuso ha convocado para debatir sus tesis, la mayoría de los cuales trabajan para o consultan al capital financiero. El artículo señala que las causas más importantes del estancamiento económico no aparecen en tal artículo y tampoco aparecerán en la mayoría de propuestas que salgan en tal “debate”.

Javier Ayuso, corresponsal económico y redactor jefe de El País, ha publicado un artículo “España necesita el látigo del Pacto del Euro” en El País (20/3/2011) en el que celebra y da la bienvenida al Pacto de Competitividad (ahora llamado Pacto del Euro) que según él impondrá las reformas estructurales necesarias para que España salga de la crisis. En la selección del título del artículo, así como en la descripción de las medidas propuestas, Javier Ayuso reconoce que tales medidas serán dolorosas y según él deben realizarse a golpe de látigo. Leyendo el artículo aparece claramente quien será el receptor de los latigazos. En su análisis de la situación actual de España, Javier Ayuso considera que el estancamiento de la economía española se debe “al incremento de los costes laborales y al escaso crecimiento de la productividad” que ha llevado a España “a una enorme pérdida de la competitividad, sufriendo una bajada de nada menos que un 30% respecto a la alemana”. En otras palabras, la clase trabajadora será la receptora de estos latigazos necesarios para que salgamos de la crisis. Sus salarios tendrán que bajar para aumentar la competitividad. Tal propuesta coincide con la defendida por el Banco de España, por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por la banca y las grandes empresas), por los manifiestos de los 100 economistas (patrocinados también por Fedea) y otros grupos de presión que reproducen la sabiduría convencional económica del país.
El artículo de Javier Ayuso intenta iniciar un debate en las páginas económicas de El País en el cual se invita a 30 economistas. De éstos, la gran mayoría, 24, son economistas que trabajan o han trabajado en el sector bancario y/o asesoran a la banca u organismos financieros internacionales. Tales “expertos” son semejantes a los que el documental Inside Job (ganador del Oscar al mejor documental del año en EEUU) define como el complejo “banca-intelectualidad económica” que ha configurado el pensamiento económico dominante en aquel país, responsable –según el documental- de su enorme crisis financiera. Uno de los pocos expertos que no está ligado a la Banca es Angel Ubide, investigador visitante del conocido Peterson Institute for International Economics, instituto que ha subrayado repetidamente la necesidad de privatizar la Seguridad Social en el mundo (para ver una crítica detallada de tal instituto, leer los trabajos del economista Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research sobre el Instituto Peterson). Y para que no se diga, hay también en el grupo de “expertos” un economista de CCOO: uno de los 30 economistas. La gran mayoría de “expertos” son economistas de clara persuasión liberal y neoliberal que han trabajado o todavía trabajan con y/o para la banca. La falta de diversidad de los “expertos” permite prever la dirección del mal llamado debate, que en realidad, en lugar de debate, será la promoción de argumentos que legitimen y justifiquen los latigazos propuestos por el artículo.

LO QUE LA SABIDURÍA CONVENCIONAL ECONÓMICA IGNORA
En otros artículos he hecho una crítica del Pacto de la Competitividad y refiero al lector a tales escritos (“Lucha de clases bajo otro nombre” en Público (10/2/11), “Lo que no se dice sobre el supuesto milagro alemán” Sistema Digital (18/3/11), “Porqué la economía española no se recupera” Sistema Digital (11/3/11), todos ellos disponibles en mi blog www.vnavarro.org, sección Política Económica). Pero en este artículo quiero mostrar el error de la mayor premisa que sostiene la tesis de Javier Ayuso, que asume que el estancamiento de la economía española se debe al elevado nivel de los salarios y el escaso crecimiento de la productividad, lo cual –según él- lleva a una pérdida de competitividad, causa de la lenta recuperación económica.

Este argumento ignora varios hechos. Uno es que España fue uno de los países de la UE-15 con mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de empleo durante los últimos diez años (antes de que se iniciara la crisis) y ello a pesar de tener un nivel salarial bastante parecido al actual. El salario medio (descontando inflación) de 1995 era casi el mismo que en 2008 y ello no fue obstáculo para que el crecimiento económico y la creación de empleo fueran mucho mayores que ahora, en el momento de recesión. Algo debería ocurrir, ajeno a los salarios que explicara el estancamiento económico ahora y no entonces. Y este algo, es que la demanda doméstica y exterior fue mucho mayor que ahora, punto al que haré referencia más tarde.

Otro dato que Javier Ayuso ignora es que tal como ha señalado Marc Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research en Washington, EEUU, en su artículo “Spain´s troubles are Tied to Eurozone Policies” publicado en The Guardian (11/2/11), el nivel de productividad del sector manufacturero (el sector exportador más importante) en España ha sido alrededor del 63% del nivel de productividad del mismo sector en Alemania durante el período 1999 (cuando España ingresó en la Eurozona) a 2009. Y durante el mismo período el salario por hora del sector manufacturero creció en los mismos porcentajes en España y en Alemania. No ha habido, pues, un declive de la productividad en el sector manufacturero, (un sector clave en la competitividad española) que Javier Ayuso está indicando.

El tercer hecho que Javier Ayuso parece desconocer es que, en realidad, el crecimiento de la economía alemana en los últimos años no se debe a la moderación de los salarios de los trabajadores alemanes, ni tampoco al precio de los productos exportados. La propia Comisión Europea ha indicado que el crecimiento de las exportaciones en el período 1999-2008 (un crecimiento del 7.3%) se debió primordialmente al crecimiento de los mercados importadores .Sólo un 0.3% se debió al cambio de los precios de los productos exportados. Estudios económicos realizados en Alemania muestran que una reducción del 10% en su precio sólo aumentaría las exportaciones un 4%. Todos los datos disponibles muestran que la moderación salarial alemana no ha sido un factor en el crecimiento de las exportaciones. Sí, en cambio, ha sido un factor muy importante en determinar el enorme incremento de los beneficios empresariales. Y ahí está el punto que Javier Ayuso ni siquiera considera. La distribución del producto creado a base de incrementar la productividad (véase mi artículo “Productividad y renta” en Público (24/3/11). Una situación semejante ocurre en España. La variabilidad en los precios no es el mayor determinante en las exportaciones españolas. El punto clave es la demanda de los países importadores.

LAS CAUSAS DE QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NO SE RECUPERE
Lo cual nos lleva al punto clave ignorado por Javier Ayuso en su análisis del estancamiento de la economía española. En realidad, no es nada difícil encontrar el origen del estancamiento, aunque les garantizo que la gran mayoría de los llamados “expertos” invitados al debate, no lo encontrarán. Su proximidad a la banca les dificulta la comprensión del problema, pues la banca tiene bastante que ver con la escasa recuperación económica. Es interesante que Javier Ayuso empiece su artículo con la observación (que encuentro sorprendente) de que “a estas alturas del partido, no creo que nadie se atreva a seguir defendiendo que la causa de la recesión de la economía española haya que buscarla solamente en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria o en la crisis financiera”. La credibilidad de esta observación radica en el significado de la expresión “solamente”. Hay muchos expertos en España que creemos que aquellos hechos jugaron un papel clave en la génesis de la crisis y continúan jugando un papel clave en su escasa recuperación al paralizar la oferta de crédito en España, lo cual todavía continúa.

Es cierto que hay otros factores y otras causas del estancamiento de la economía española. Pero, entre ellos no se puede incluir el deterioro de la competitividad resultado del supuesto exagerado crecimiento de los salarios tal como Javier Ayuso sostiene. Todo lo contrario, la reducción de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional, forzó un enorme endeudamiento a las clases trabajadoras y clases populares, (favorecida por las prácticas bancarias de claro carácter especulativo). Este endeudamiento fue el que sostuvo la demanda necesaria para sostener el crecimiento económico. Pero, cuando el crédito falló, el enorme endeudamiento dejó a las familias en una situación imposible, con la consecuente parálisis de la demanda, problema que se ha ido acentuando con las políticas llevadas a cabo por el gobierno (con el apoyo y bajo la presión del capital financiero), recortando el gasto público, el empleo público, y disminuyendo los salarios, medidas todas ellas que están retrasando la recuperación de la demanda y con ello, del crecimiento económico. De nuevo, es más que improbable que la mayoría de expertos convocados por Javier Ayuso concluyan que el estancamiento económico español tiene poco que ver con las supuestas e inexistentes rigideces del mercado laboral, o con la supuesta exhuberancia de los salarios (todavía los más bajos, y con mucho, de la UE-15), sino con las políticas macroeconómicas de austeridad de gasto público y reducción de los salarios, así como con las políticas monetarias del Banco Central Europeo que están dañando las posibilidades de recuperación de la economía española, al mantener estancada y reducida la demanda y el estímulo económico. La banca, pues, está jugando un papel clave en este empobrecimiento de la demanda. La banca está en el centro del problema y de ahí que debe ser parte de la solución, tomando medidas que garanticen la existencia de crédito, incluso a costa de establecer bancas públicas que la garanticen. Les garantizo que de tal mal llamado debate de “expertos” no se llegará a esta conclusión. Después de todo, tal conclusión les llevaría a orientar el látigo hacia ellos mismos (promotores de la sabiduría económica convencional), concluyendo con una autoflagelación.

B I O G R A F Í A

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España

Tuvo que exiliarse de España por razones políticas. Ha vivido y trabajado en Suecia (Upsala), Gran Bretaña (London School and Economics, Oxford y Edimburgo) y en EEUU (The Johns Hopkins University) donde ha sido Catedrático de Políticas Públicas y Ciencias Políticas. Fue propuesto como Catedrático Extraordinario de Economía Aplicada por la Universidad Complutensede Madrid y se integró a la vida académica catalana como Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y más tarde como Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra donde dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales patrocinado junto con The Johns Hopkins University, en el que continúa siendo profesor. Ha asesorado a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a muchos gobiernos incluyendo: el gobierno de Unidad Popular de Chile, el gobierno cubano (en su reforma sanitaria), el gobierno socialdemócrata sueco, el gobierno socialista español, los gobiernos tripartitos y “d’entesa” catalanes, así como al gobierno federal de EEUU, habiendo sido miembro del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria la Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton. Sus áreas de investigación son: Economia Política, Estado de Bienestar y Estudios Políticos. Ha publicado extensamente (24 libros traducidos a varios idiomas) siendo los más recientes el Subdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama y Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Baywood. En 2002, recibió el premio de ensayo de la Editorial Anagrama por su libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país.