Derechas sin sensibilidad social

La aplicación por parte del Gobierno socialista de medidas económicas y sociales en respuesta a la crisis financiera y económica está afectando negativamente al bienestar de amplios sectores de la clase trabajadora. Entre estas medidas destacan la desregulación del mercado de trabajo, haciendo más fácil despedir a los trabajadores; la congelación de las pensiones; la reducción de los salarios de los trabajadores del sector público y los recortes del gasto público, incluido el social, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos del Estado del bienestar –tales como sanidad, educación y servicios de ayuda a las familias, entre otros–. Esto explica que el Partido Popular, el mayor partido de la oposición, intente capitalizar el descontento creado por tales políticas entre amplios sectores de las clase trabajadora, presentándose como el auténtico “partido de los trabajadores”, expresión que su presidente, Mariano Rajoy, y sus colaboradores han utilizado en varias ocasiones. La última vez que lo hizo fue en el reciente congreso del Partido Popular Europeo, en Ciudad Real, en el que llegó a afirmar que “el Estado del bienestar lo inventaron conservadores y democristianos, no la izquierda”, y añadió que es “importante arrebatar a la izquierda la bandera de las políticas sociales, desmitificando tal compromiso del que las izquierdas presumen sin razón y sin resultados”.
Como estudioso del Estado del bienestar en España y en Europa, encuentro estas afirmaciones sorprendentes, pues toda la evidencia, fácilmente demostrable (véanse los volúmenes I, II y III de La situación social en España), prueba que la atribución de sensibilidad social a las fuerzas conservadoras y cristianas en general y al PP en particular, así como la definición de este como “partido de los trabajadores”, no se corresponde con la realidad en España. Veamos los datos.
Las fuerzas conservadoras y cristianas (que incluyen personalidades democristianas) que dominaron el régimen político dictatorial que gobernó España desde 1939 hasta 1978, fueron responsables de que España, cuando el dictador murió, fuera el país con mayor retraso social en Europa. El gasto público social en 1975 era sólo del 14% del PIB, el más bajo de la comunidad de países que más tarde pasaron a constituir la Europa de los 15, UE-15 (cuyo promedio era el 22% del PIB). En 1975, España era también el país con menos derechos sociales y laborales de Europa, tal como he documentado en mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias.
Más tarde, durante el periodo democrático, el periodo de Gobierno del Partido Popular (1996-2004) significó un retroceso de los avances que el Estado del bienestar español había tenido durante la época democrática de 1978-1996. El gobierno de José María Aznar fue responsable del retroceso en la tasa de crecimiento del gasto público social, lo que convirtió a España en el país de la UE-15 en que tal gasto (excluyendo seguros de desempleo) creció menos, con lo cual, el déficit de gasto público social per cápita entre España y el promedio de la UE-15 se disparó, pasando de 1.904 euros estandarizados (es decir, euros corregidos para hacer homologable su capacidad de compra en varios países) a 2.243 euros estandarizados. Tal aumento del déficit social de España fue consecuencia de las prioridades del Gobierno del PP, que, en su objetivo de cumplir con las exigencias del criterio de Maastricht (reducir el déficit del Estado a un 3% del PIB), redujo la tasa de crecimiento del gasto público social, transfiriendo fondos públicos de los sectores sociales a la corrección del déficit del presupuesto del Estado. La alternativa de reducir el déficit a base de aumentar los impuestos de los sectores pudientes ni siquiera fue considerada. Todo lo contrario, los impuestos bajaron y su regresividad aumentó (siguiendo las mismas políticas que Rajoy está proponiendo ahora), favoreciendo a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. De 1996 a 2004, las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total descendieron, pasando de representar el 66% al 61%. Fue el descenso más acentuado (después de Alemania) de tales rentas del trabajo en la UE. Los beneficios empresariales aumentaron durante tal periodo un 73% (más del doble de la media de la UE-15, que fue de un 33%), mientras que los costes laborales crecieron sólo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE-15, un 18%).
Rajoy ignora estos datos, mostrando como prueba de la sensibilidad social del PP el descenso del desempleo como resultado de la elevada creación de empleo, sin aclarar que ello se debió primordialmente a la burbuja inmobiliaria. El periodo 1996-2004 desperdició una oportunidad de cambiar el sistema productivo, un cambio que requiere una expansión muy notable del sector público, incluyendo el social. El Partido Popular, sin embargo, no aprovechó el elevado crecimiento económico para mejorar el Estado del bienestar español. En 1996, cuando se inició el mandato del PP, el PIB per cápita de España era el 79,8% del promedio de la UE-15, mientras que el gasto público social (que cubre todos los gastos del Estado del bienestar) era sólo un 64% del promedio de la UE-15. En 2004, cuando el mandato del PP terminó, el PIB per cápita era ya el 89,4% del promedio de la UE-15, mientras el gasto público social continuaba estancado en sólo un 65%. Es difícil concluir de estos datos que la tradición conservadora y cristiana haya sido la mayor sostenedora del Estado del bienestar en España y que el PP pueda presentarse como el partido de los trabajadores.