El gobierno económico de la Unión Europea

Entrevista al Profesor Navarro en la Revista Temas para el Debate sobre el gobierno económico de la Unión Europea

PREGUNTAS:
–    ¿Es urgente reforzar el gobierno económico de la Unión Europea en estos momentos? ¿Por qué?
Es obvio que el euro en sí no se aguanta sin una estructura federal, como la existente en EE.UU., en donde, sin una estructura federal, el dólar no se mantendría. La estructura existente hoy en la Unión Europea es insostenible. Se requiere un gobierno central federal el cual sea responsable del Banco Central, que tenga como objetivo no sólo controlar la inflación, sino también estimular el crecimiento económico. Por otra parte se requiere una armonización de las políticas fiscales y una coordinación de las políticas económicas, sociales y laborales, dentro de un marco federal, tal como ocurre en EE.UU. También se requiere un marco legislativo que facilite el pacto social a nivel europeo. Ello conlleva convenios colectivos para toda Europa.

–    ¿Qué medidas deberían contemplarse para avanzar hacia un gobierno económico europeo? ¿Qué líneas de actuación deberían fijarse?
Hay muchas intervenciones y es difícil resumirlo en un párrafo. Debiera haber un Consejo ejecutivo que actuase bajo los dictámenes del parlamento, el cual debiera tener mayores responsabilidades. Y la Comisión Europea debiera depender del Consejo Ejecutivo supervisado por el Parlamento. En resumidas cuentas una estructura federal. En el fondo el mayor problema que tiene la Unión Europea es la falta de  democracia, con unas estructuras muy insensibles a las necesidades de la ciudadanía y excesivamente cercana a intereses económicos y financieros. La estructura de la UE se hizo bajo una concepción neoliberal, que dio, además, un gran protagonismo a los intereses del capital financiero.

–    Qué riesgos podemos correr los países europeos a corto y medio plazo si no avanzamos hacia un gobierno económico efectivo, sobre todo en el área del euro?
El mayor riesgo es el que está teniendo lugar ahora, en el que la falta de respuesta a la crisis no es, como siempre se dice, por ausencia de liderazgo, sino por el claro dominio de aquellas estructuras por parte del capital financiero, con excesivo poder de un banco central, que no es un banco central, sino un lobby para la banca.

–    ¿Hay que mejorar la convergencia de las políticas macroeconómicas y fiscales de los países europeos? ¿En qué aspectos?  ¿Cómo? ¿Y en las políticas laborales y sociales? ¿Cómo?
Sí a cada una de las preguntas. Pero ese mejoramiento no puede ocurrir con las estructuras actuales, que se desarrollaron precisamente para evitar la participación de las poblaciones de los distintos estados en el proceso de construcción europea.

–    ¿Qué consecuencias podría tener la salida de algún Estado miembro del euro? ¿Es plausible contemplar esta hipótesis?
Si la situación no cambia tiene que pensarse muy seriamente que lo mejor para muchos estados, incluyendo el español, es que abandonen el euro. Pues, en este momento la población española está sufriendo enormemente para salvar el euro, dominado por el capital financiero, sobre todo alemán. En realidad, la amenaza de que España pudiese abandonar el euro sería una táctica de presión, pues lo último que quieren oír los bancos alemanes es que España se retira del euro. Ello implicaría enormes pérdidas para el capital financiero alemán. La situación actual es enormemente injusta para las clases populares de los llamados países periféricos. Se tiene que decir que sí a Europa pero no a esta Europa que no es la Europa de los ciudadanos sino la Europa del capital. Tal como he documentado la integración de España al euro se hizo a costa del subdesarrollo social de España. Y ahora se quiere salvar al euro, cuyas dificultades han sido causadas por la banca, mediante el sacrificio de las clases populares en general y de la clase trabajadora en especial.

Es el gobierno Zapatero socialdemócrata?

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA,

Este artículo es un análisis de las políticas económicas y sociales del gobierno Zapatero durante su mandato 2004-2010, evaluándolas según un criterio socialdemócrata.

En la entrevista que Ana Pastor le hizo al presidente del gobierno, el Sr. Jose Luís Rodríguez Zapatero, en el programa Los desayunos de la 1 de TVE , éste negó que su gobierno pudiera definirse como neoliberal (tal como Ana Pastor le indicaba que muchos críticos lo definían), mostrando como prueba del error de tal diagnóstico el hecho de que el gasto público social en España había aumentado durante su período de gobierno (2004-2010) de una manera muy notable, muy por encima, de los gobiernos conservadores presididos por el Sr. Jose María Aznar. El Presidente Zapatero tomó este crecimiento del gasto público social como indicador de su identidad socialdemócrata.
Los datos que tenemos confirman que el gobierno Zapatero ha incrementado el gasto público social de una manera muy significativa, mucho más de lo que hizo el gobierno del PP. En sanidad, por ejemplo, el gasto sanitario público por habitante pasó de ser 1.264 euros estandarizados (euros modificados para homologar su capacidad de compra en países de distinto nivel de desarrollo económico) en 2004 a 1.675 en 2008, el último año del primer mandato del Presidente Zapatero y último año también que EUROSTAT (la agencia de recolección de datos de la Unión Europea, UE) ha publicado datos comparables para toda la UE. Durante tal período (2004-2008) el gasto público sanitario creció un 32%, un porcentaje más elevado que el período comparable anterior del gobierno del Partido Popular (2000-2004). Este crecimiento de gasto público sanitario que ocurrió en prácticamente todas las áreas del estado de bienestar español, fue facilitado por la alianza que el gobierno socialista estableció durante su primer mandato con los partidos a su izquierda. Debido a este notable crecimiento, el déficit de gasto público sanitario per cápita entre España y el promedio de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo que España) fue disminuyendo, aunque debido al enorme retraso de gasto público social heredado por el gobierno Zapatero, este déficit continuó siendo muy acentuado, permaneciendo España en la cola de los países de la UE-15 en gasto público sanitario.
Desde 2008 la situación se ha revertido como resultado de la crisis, habiendo descendido el gasto público sanitario (y social) per cápita. No es pues cierto lo que el Presidente Zapatero indicó en su respuesta a Ana Pastor cuando afirmó que el gasto público sanitario español es ya casi el mismo que el promedio de la UE-15. En realidad, continuamos muy por detrás, situación que no se conoce o percibe por las clases dirigentes del país. En realidad, no existe plena consciencia de los enormes déficits del estado del bienestar español por parte de los establishments políticos y mediáticos de nuestro país, pues en su mayoría utilizan los servicios privados (envían a sus hijos a las escuelas privadas concertadas y van a la sanidad privada o reciben trato preferencial cuando van a la sanidad pública).
Dicho todo esto, hay que reconocer (y aplaudir) que el gobierno Zapatero mostró una sensibilidad social en la mayoría de su mandato, traducida en un mayor gasto social que su antecesor, el gobierno Aznar. Pero ello, en sí, no justifica que se defina como socialdemócrata. Después de todo, ha habido gobiernos de la UE-15 de otras tradiciones políticas distintas a la socialdemocracia que han aumentado su gasto sanitario público incluso en porcentajes mayores que España.

CÓMO SE CONFIRMA SI UN GOBIERNO ES SOCIALDEMÓCRATA
Para definir a un gobierno como socialdemócrata hay que evaluar el grado de cumplimiento en sus políticas públicas del principio básico en toda tradición socialista (no debe olvidarse que socialdemocracia significa socialismo en democracia) que indica que el objetivo del socialismo es construir una sociedad en la que rija el principio de “a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad y habilidad”. Y esta sociedad se construye o destruye en bases diarias como consecuencia de las políticas públicas que toman los gobiernos (centrales, autonómicos y locales). El gasto público social, tal como el sanitario, cumple la segunda condición (a cada uno según su necesidad), pues suele asignarse y utilizarse según la necesidad de la población. Pero lo que ha caracterizado a la socialdemocracia es la primera parte del principio, es decir, “de cada uno según su capacidad y habilidad”, es decir su énfasis en la financiación progresiva del estado y, muy en especial, de su estado del bienestar. Y es ahí donde el gobierno Zapatero suspende, pues no sólo la carga fiscal del Estado Central se ha hecho más regresiva durante su mandato, sino que los equipos económicos de su gobierno han rechazado explícitamente que la política fiscal debiera tener funciones redistributivas. Podría citar declaraciones de responsables de las políticas económicas (e industriales) del gobierno Zapatero, subrayando tal postura. (Véase mi libro El Subdesarrollo social de España: Causas y consecuencias. Editorial Anagrama. 2006).
Resultado de esta mentalidad, compartida por los equipos económicos del gobierno Aznar, España es uno de los países de la UE-15 con un tipo máximo del impuesto sobre la renta más bajo, con un 43% (que subirá a partir de 2011 al 45%). Sólo, Portugal y Luxemburgo, tienen tipos inferiores y la disminución del tipo máximo ha sido la más acentuada en la UE-15 (13 puntos entre 1995 y 2010). Con las reformas del Gobierno Zapatero, los tipos efectivos de recaudación del IRPF, la figura fiscal más redistributiva, se redujeron en 2009 hasta los niveles de 2003. Este mismo gobierno ha bajado a su vez el impuesto de Sociedades, pasando del 35% establecido durante el período 1995-2006, al actual 30%, justificándolo bajo el lema de hacer más competitivas a las empresas, a costa de disminuir los ingresos del estado.
Otros indicadores de regresividad fiscal incluyen la tolerancia, hasta hace muy poco, hacia el fraude fiscal (80.000 millones de euros, que es aproximadamente la misma cantidad que el déficit de gasto público social de España, es decir, la cantidad de euros que debieran añadirse a la financiación del estado del bienestar para alcanzar el nivel de gasto público social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos), las subvenciones a las rentas superiores (desgravaciones por propiedad de vivienda, por planes de pensiones y por aseguramientos privados), además de subvenciones a empresas, con un abanico de “fondos de beneficio” a las rentas elevadas y a grandes empresas, así como eliminación del impuesto de patrimonio y un largo etcétera, que explica que el sistema fiscal español sea uno de los que dependen más en la UE-15 del consumo y de las rentas del trabajo. Ello explica que cuando el desempleo aumenta y con ello disminuyen las rentas del trabajo, los ingresos del estado caigan en picado en España, habiendo sido el país en el que tales ingresos han bajado más en estos años de crisis. Los ingresos del Estado en impuestos sobre la renta disminuyeron desde 2007, del 12.9% del PIB al 9.6% en el 2009, con una disminución de más de 3 puntos, porcentaje superior a la disminución que se dio en la UE-15, que pasó del 13.8% al 12.6% del PIB de 2007 a 2009. Y si consideramos los ingresos totales al Estado a cargo de impuestos, éstos bajaron muy marcadamente durante su mandato, pasando de representar el 38.5% del PIB en 2004 al 34.7% en 2009, mientras que el promedio de la UE-15, mucho más alto que España, subió durante el mismo período, pasando de 44.2% del PIB al 44.5%. Es sorprendente que el Presidente Zapatero se enorgullezca de esta situación, pues en su respuesta al Sr. Rajoy (que quiere reducir tal porcentaje incluso más) el Presidente le contestó (las Cortes españolas, 9 de febrero de 2011) que “estaba muy satisfecho, pues sus políticas habían hecho posible que la presión fiscal en España sea ahora más baja que hace 6 años…hemos suprimido el impuesto sobre el patrimonio, hemos bajado el impuesto de sociedades y bajado el impuesto de la renta”, y podría haber añadido otros impuestos. Pero bajar los impuestos no es de izquierdas cuando ello representa que España continúe a la cola de la UE-15 en gasto público social. En realidad, el crecimiento de gasto público social (que fue insuficiente para alcanzar el nivel de gasto que debiéramos tener por el nivel de desarrollo económico que tenemos) del cual el Sr. Zapatero está legítimamente orgulloso, se consiguió primordialmente como consecuencia del crecimiento económico (muy notable en los últimos años, resultado de la burbuja inmobiliaria) y no de la redistribución de recursos, tal como hubiera hecho un gobierno socialdemócrata. De ahí se explica que cuando el crecimiento colapsó el aumento del gasto social (excepto el seguro público de desempleo) también bajó.

LA RESPUESTA A LA CRISIS
Consecuentemente con estas políticas que han mermado los ingresos al Estado (que según el Fondo Monetario Internacional explica el 40% del déficit estructural del Estado) y han aumentado su regresividad, hemos visto la respuesta del equipo económico de Zapatero a la crisis, respuesta que ha sido típicamente neoliberal. En lugar de reducir el déficit del estado a base de aumentar los ingresos mediante reformas fiscales progresivas y progresistas (de nuevo, tal como hubiera hecho un gobierno que siguiera principios socialdemócratas) el equipo económico ha escogido hacerlo mediante recortes del gasto público (incluyendo el social) y aumentando incluso más la regresividad fiscal, medidas todas ellas que dañan a sus bases electorales, de donde procede su descenso electoral desde que tales medidas se han ido implementando.
Todo el debate mediático sobre personalidades (que si Zapatero, que si Rubalcaba, que si Carme Chacón, etc) es totalmente irrelevante y refleja una visión muy generalizada en los medios que constantemente subestiman la inteligencia del electorado. No son las personas sino las políticas neoliberales las que son profundamente impopulares. No es socialista intentar salir de la crisis a costa de los derechos sociales y laborales (tal como hacen los conservadores y neoliberales en otros países de la UE-15) y sin haber afectado los intereses de aquellos que causaron la crisis (tales como el capital financiero), ni haber hecho una reforma fiscal que debería tener como objetivo la aplicación del principio redistributivo de “de cada uno según su habilidad y capacidad”. En realidad, el declive tan notable de apoyo popular al gobierno y al partido gobernante se debe a su distanciamiento del proyecto socialista (reflejado, en parte en, su programa) y a su sustitución, en las áreas económicas, por la versión “light” del neoliberalismo. No es de extrañar que los grupos más desafectados sean sus bases electorales entre las clases populares.
Ni que decir tiene, que algunas de las áreas sociales en el gobierno Zapatero siguen una trayectoria claramente socialdemócrata. Pero la trayectoria que establece el tono y condiciona las posibilidades de las áreas sociales es su política económica llevada a cabo por su equipo económico, claramente neoliberal, responsable de la percepción popular de que el gobierno Zapatero es neoliberal.

EXISTEN POLÍTICAS ALTERNATIVAS POSIBLES
Una última observación. A la pregunta de Ana Pastor sobre si había alternativas a sus políticas económicas, el Presidente indicó que no las había. Estoy seguro de que está plenamente convencido de ello pues toda la información que le llega de su equipo económico y sus asesores confirma tal supuesto. En realidad, la uniformidad ideológica de sus asesores y colaboradores económicos es preocupante. Es más, la información que le llega por parte de los mayores medios de difusión y persuasión del país acentúan la certeza de su diagnóstico y la necesidad de sus recetas. Un ejemplo de ello es el apoyo casi unánime, por parte de los mayores medios de información, a su propuesta de retrasar la edad de jubilación obligatoria de 65 a 67 años. El consenso del establishment mediático y político a favor de tal medida es abrumador y preocupante en un país democrático y seguro que ejerce una enorme presión sobre el gobierno.
Pero el Presidente debiera haber oído también la opinión de las clases populares, donde nada menos que un 82% están en desacuerdo con tal medida. Y ello no se debe –como seguramente le dirán sus consejeros económicos- a que la población es ignorante y no puede comprender la necesidad de tales medidas de austeridad, sino que la gente normal y corriente de este país (que conoce, palpa y sufre la realidad mejor que sus consejeros económicos y los establishments mediáticos y políticos) sabe que el gobierno no se atreve a “enfrentarse a los poderosos y se atreve en cambio con los débiles”. Esta percepción ampliamente sostenida entre las clases populares está basada en la realidad y ejemplos de ello hay muchos. El descenso del déficit se está haciendo a base de recortar el gasto público social, en lugar de aumentar los impuestos de los que no contribuyen según su capacidad. Las ayudas, en la crisis, se están centrando en ayudas a la banca, sin apenas atención a los desahuciados por parte de la banca (ver mi artículo “El excesivo poder de la banca en España: la ley hipotecaria”, en www.vnavarro.org). Y así un largo etcétera.
El Presidente debiera escuchar la opinión popular y a los expertos críticos de la sabiduría convencional neoliberal que han documentado que otras políticas alternativas a las que el gobierno está haciendo son posibles (ver sección Economía Política en www.vnavarro.org). A la luz de estas realidades centrar el debate sobre el futuro del PSOE en personas es de una enorme frivolidad. A no ser que estas políticas cambien, veremos el enorme declive del PSOE lo cual será un hecho sumamente negativo para el país, pues su acentuado declive debilitará a todas las izquierdas durante mucho tiempo.

Derechas sin sensibilidad social

La aplicación por parte del Gobierno socialista de medidas económicas y sociales en respuesta a la crisis financiera y económica está afectando negativamente al bienestar de amplios sectores de la clase trabajadora. Entre estas medidas destacan la desregulación del mercado de trabajo, haciendo más fácil despedir a los trabajadores; la congelación de las pensiones; la reducción de los salarios de los trabajadores del sector público y los recortes del gasto público, incluido el social, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos del Estado del bienestar –tales como sanidad, educación y servicios de ayuda a las familias, entre otros–. Esto explica que el Partido Popular, el mayor partido de la oposición, intente capitalizar el descontento creado por tales políticas entre amplios sectores de las clase trabajadora, presentándose como el auténtico “partido de los trabajadores”, expresión que su presidente, Mariano Rajoy, y sus colaboradores han utilizado en varias ocasiones. La última vez que lo hizo fue en el reciente congreso del Partido Popular Europeo, en Ciudad Real, en el que llegó a afirmar que “el Estado del bienestar lo inventaron conservadores y democristianos, no la izquierda”, y añadió que es “importante arrebatar a la izquierda la bandera de las políticas sociales, desmitificando tal compromiso del que las izquierdas presumen sin razón y sin resultados”.
Como estudioso del Estado del bienestar en España y en Europa, encuentro estas afirmaciones sorprendentes, pues toda la evidencia, fácilmente demostrable (véanse los volúmenes I, II y III de La situación social en España), prueba que la atribución de sensibilidad social a las fuerzas conservadoras y cristianas en general y al PP en particular, así como la definición de este como “partido de los trabajadores”, no se corresponde con la realidad en España. Veamos los datos.
Las fuerzas conservadoras y cristianas (que incluyen personalidades democristianas) que dominaron el régimen político dictatorial que gobernó España desde 1939 hasta 1978, fueron responsables de que España, cuando el dictador murió, fuera el país con mayor retraso social en Europa. El gasto público social en 1975 era sólo del 14% del PIB, el más bajo de la comunidad de países que más tarde pasaron a constituir la Europa de los 15, UE-15 (cuyo promedio era el 22% del PIB). En 1975, España era también el país con menos derechos sociales y laborales de Europa, tal como he documentado en mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias.
Más tarde, durante el periodo democrático, el periodo de Gobierno del Partido Popular (1996-2004) significó un retroceso de los avances que el Estado del bienestar español había tenido durante la época democrática de 1978-1996. El gobierno de José María Aznar fue responsable del retroceso en la tasa de crecimiento del gasto público social, lo que convirtió a España en el país de la UE-15 en que tal gasto (excluyendo seguros de desempleo) creció menos, con lo cual, el déficit de gasto público social per cápita entre España y el promedio de la UE-15 se disparó, pasando de 1.904 euros estandarizados (es decir, euros corregidos para hacer homologable su capacidad de compra en varios países) a 2.243 euros estandarizados. Tal aumento del déficit social de España fue consecuencia de las prioridades del Gobierno del PP, que, en su objetivo de cumplir con las exigencias del criterio de Maastricht (reducir el déficit del Estado a un 3% del PIB), redujo la tasa de crecimiento del gasto público social, transfiriendo fondos públicos de los sectores sociales a la corrección del déficit del presupuesto del Estado. La alternativa de reducir el déficit a base de aumentar los impuestos de los sectores pudientes ni siquiera fue considerada. Todo lo contrario, los impuestos bajaron y su regresividad aumentó (siguiendo las mismas políticas que Rajoy está proponiendo ahora), favoreciendo a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. De 1996 a 2004, las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total descendieron, pasando de representar el 66% al 61%. Fue el descenso más acentuado (después de Alemania) de tales rentas del trabajo en la UE. Los beneficios empresariales aumentaron durante tal periodo un 73% (más del doble de la media de la UE-15, que fue de un 33%), mientras que los costes laborales crecieron sólo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE-15, un 18%).
Rajoy ignora estos datos, mostrando como prueba de la sensibilidad social del PP el descenso del desempleo como resultado de la elevada creación de empleo, sin aclarar que ello se debió primordialmente a la burbuja inmobiliaria. El periodo 1996-2004 desperdició una oportunidad de cambiar el sistema productivo, un cambio que requiere una expansión muy notable del sector público, incluyendo el social. El Partido Popular, sin embargo, no aprovechó el elevado crecimiento económico para mejorar el Estado del bienestar español. En 1996, cuando se inició el mandato del PP, el PIB per cápita de España era el 79,8% del promedio de la UE-15, mientras que el gasto público social (que cubre todos los gastos del Estado del bienestar) era sólo un 64% del promedio de la UE-15. En 2004, cuando el mandato del PP terminó, el PIB per cápita era ya el 89,4% del promedio de la UE-15, mientras el gasto público social continuaba estancado en sólo un 65%. Es difícil concluir de estos datos que la tradición conservadora y cristiana haya sido la mayor sostenedora del Estado del bienestar en España y que el PP pueda presentarse como el partido de los trabajadores.

Demografía y pensiones

Este artículo analiza criticamente los supuestos que se hacen para concluir que la transición demogràfica, consecuencia del aumento de la esperanza de vida, hacen el sistema público de pensiones inviable. El artículo muestra que tales supuestos no tienen bases científicas.

Una de las áreas donde más confusión hay en el debate actual sobre las pensiones es en el impacto que el crecimiento de la esperanza de vida pueda tener sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Se dice constantemente que el hecho de que la esperanza de vida de la población española haya crecido cuatro años en los últimos veinte años hace que, extrapolando este crecimiento al futuro, resulta que el sistema de Seguridad Social no podrá pagar las pensiones de los años extra que la ciudadanía vive ahora sobre los años que vivían sus antepasados. Esta postura se presenta en formas y con argumentos muy diversos. Uno de ellos es la declaración de que el sistema público de pensiones cuando se estableció no estaba pensado para una población que viviera tantos años. De ahí la necesidad de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

EL ERROR DEL ARGUMENTO
Tal argumento ignora qué es y cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos ciudadanos: uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y otro, la señora María, que muere a los 80 años. En esta España imaginaria, la esperanza de vida promedio de la ciudadanía española es de (0+80)/2=40 años. Pero, supongamos que en el país vecino, Vecinolandia, hay también sólo dos ciudadanos: uno, Juanito, que en lugar de morir al día siguiente como Pepito, vive veinte años. La otra persona, la señora Julia, sin embargo, vive, como la señora María, 80 años. En este segundo país, Vecinolandia, la esperanza de vida es de (20+80)/2= 50 años, es decir, diez años más que España. Pero esto no quiere decir que la Sra. Julia haya vivido diez años más que la Sra. María (como constantemente se interpreta). Lo que ocurre es que en Vecinolandia los niños viven más años.
Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en España durante los últimos cincuenta años. Los infantes y adolescentes viven más años ahora que antes. Y lo mismo ocurre en la mayoría de grupos etarios. En realidad, el mayor crecimiento de los años de vida ha sido en las edades tempranas y adultas, más que en las edades tardías. Naturalmente que ello implica que viven más personas que alcanzan la ancianidad. Pero el incremento de los años de vida una vez alcanzada la ancianidad, no ha sido muy notable. En realidad, han aumentado mucho más los años de vida en la época de prejubilación que en la época posjubilación. Así, en EEUU, en la primera mitad del siglo XX, los hombres vieron aumentar sus esperanzas de vida 22 años y las mujeres 21 años. Pero en cambio, el aumento de los años de vida de las personas por encima de los 65 años aumentó sólo cinco años para los hombres y sólo 2,5 años para las mujeres. La esperanza de vida no debe utilizarse, pues, como constantemente se hace, para analizar los años de longevidad para los ancianos. En 1919 un joven de 20 años podría llegar a vivir 8.3 años después de alcanzar los 65 años. Esta cifra sólo ascendió a 13.8 años en 1969. Es decir, que durante cincuenta años una persona joven de 20 años sólo vio aumentar 5.5 años de vida después de llegar a anciano.
Puede verse, pues, que el mayor incremento de los años de vida han sido en el periodo de prejubilación, no en la posjubilación, la cual ha sido relativamente menor. Es importante, pues, saber cómo se miden los años de vida extra. No se puede calcular este número sumando todos los años que la gente vive y dividiéndolo por el número de personas (como constantemente se hace). Hay que calcular los años de vida por cohortes de la misma edad en dos generaciones distintas. Haciéndolo de esta manera se ve que el incremento ha sido menor. En realidad, la transición demográfica trabaja a favor, en lugar de en contra, del sostenimiento de las pensiones, pues el número de años trabajados (número de horas trabajadas multiplicado por el número de trabajadores) ha ido aumentando en los grupos prejubilados. Las tasas que constantemente se utilizan de número de adultos por anciano tienen escasa relevancia, pues tiene una visión estática y no dinámica. Es decir, no tiene en cuenta el incremento del número de horas trabajadas por cada grupo etario de trabajadores, resultado de una tasa de supervivencia de las personas en aquel grupo etario (ver David Rosnick Social Security and the Age of Retirement. June 2010), Center for Economic and Policy Research).

LO QUE IMPORTA ES EL NUMERO DE AÑOS SALUDABLES QUE LOS ANCIANOS VIVEN
Pero otro problema es el supuesto que se hace constantemente de que a más años de vida en los ancianos, más años de trabajo. Se asume (erróneamente) que con el retraso del año de muerte va acompañado del retraso del envejecimiento. Se supone que las mismas causas que determinan que las personas mueran más tarde actúan sobre el envejecimiento. El problema con esta postura es que la evidencia científica cuestiona tal supuesto. La edad de envejecimiento no se ha retrasado: todo lo contrario, se ha adelantado. Los profesores Eileen Crimmins y Hiram Beltrán-Sánchez de la Cátedra de Geriatría de la Universidad del Sur de California han señalado que el número de años saludables (es decir, sin enfermedades) ha ido decreciendo y ello a pesar de que los años de vida han aumentado. Las personas por encima de 65 años tienen menos años saludables que antes.
Vemos pues que no se están considerando suficientemente los costes humanos de las medidas que proponen llevar a cabo, retrasando la edad obligatoria de la jubilación dos años. Pero la situación es incluso más preocupante e injusta, pues el alargamiento de los años de vida ha sido muy desigual en España, según la clase social a la cual pertenece el ciudadano. En España, un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado con más de dos años en paro. La obligatoriedad, por lo tanto, impuesta de manera que todos retrasen dos años más su edad de jubilación, afecta muy desigualmente a las distintas clases sociales. Para la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales, tal alargamiento puede ser positivo, pues tales grupos sociales, además de vivir más años que los demás, tienen un tipo de trabajo estimulante, agradable y beneficioso para su propia existencia, una situación muy distinta, sin embargo, que la de la clase trabajadora, la mayoría de la cual hace un trabajo poco estimulante, repetitivo y más manual que intelectual. Tratar a todos por el mismo rasero es profundamente injusto. Ni la vida ni la muerte tratan a todos por igual. Y esto es lo que ignoran los que quieren que todos se jubilen dos años más tarde que ahora.

La banca y el mundo académico

Este artículo comenta favorablemente el documental Inside Job (que ha recibido un Oscar por el mejor documental del año) que analiza la enorme influencia del capital financiero en configurar el pensamiento económico dominante en Estados Unidos. El artículo señala que un documental semejante debería hacerse en España para mostrar como el Banco de España y la Banca están configurando el pensamiento económico dominante reproducido en los centros académicos del país.

Se está mostrando en EEUU un documental sobre los orígenes de la crisis financiera en EEUU (Inside Job) que está teniendo gran impacto. Se le ha concedido hace unas semanas el Oscar al mejor documental del año y está creando gran revuelo en los departamentos universitarios de Economía y en centros de investigación económica de aquel país. Muestra, entre otros temas, cómo el centro financiero de EEUU (Wall Street) ha estado configurando la sabiduría convencional del conocimiento económico universitario, reproducido en los centros académicos de mayor prestigio de aquel país.
La banca, a través de la financiación de congresos, de revistas supuestamente científicas de gran renombre, de financiación de centros de investigación económica, de pagos a famosos economistas que directamente o indirectamente están a su servicio y del establecimiento de cátedras universitarias, ha configurado la “ortodoxia” del pensamiento económico que ha estado sirviendo, en su gran mayoría, a los intereses del capital financiero de EEUU. Se ha establecido, así, un dominio casi absoluto que ha dominado la cultura económica del país. El documental presenta también la existencia de economistas críticos con este pensamiento único, un número muy reducido, ignorado por el establishment académico económico.
El documento muestra cómo este pensamiento único, ortodoxo, llevó al país y al mundo al desastre. Las enormes crisis financieras y económicas se basaban en las políticas derivadas de los supuestos que regían tal conocimiento ortodoxo económico. La comunidad académica de grandes departamentos universitarios de Economía, donde se reproducía la ortodoxia, falló estrepitosamente, no sólo en prevenir las crisis, sino que contribuyó a que se produjeran. Y lo que el documental denuncia es que, a pesar de este gran fracaso e incompetencia, continúan dominando el pensamiento económico, guiando las respuestas a la crisis a través del Estado federal, proponiendo medidas que están favoreciendo al capital financiero a costa del bienestar de las clases populares estadounidenses.
Sería aconsejable que un documental parecido se hiciera en España mostrando una situación casi idéntica a la que ocurre en EEUU: el dominio de la banca en la reproducción de la sabiduría convencional económica. Sólo basta señalar la coincidencia de puntos de vista y propuestas de cambio que hace el gobernador del Banco de España (el mayor lobby de la banca, que supuestamente es su regulador), los que hace FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), financiada por la banca, y los sucesivos manifiestos (patrocinados por FEDEA) de los 100 economistas, la mayoría académicos. Todos ellos reproducen la misma ortodoxia económica. Su manera de resolver el desempleo es despedir más fácilmente a los trabajadores y bajar sus salarios; la de resolver la supuesta inviabilidad del sistema público de las pensiones es a base de reducir las pensiones; y para resolver la supuesta insostenibilidad del Estado del bienestar proponen reducir todavía más el empleo y el gasto público (en el país de la UE-15 que lo tiene ya más bajo), y así un largo etcétera, medidas todas ellas que están causando un enorme dolor a las clases populares. Nunca incluyen en sus análisis el estudio del comportamiento especulativo de la banca responsable del colapso del crédito (una de las causas de la crisis financiera y económica) ni las propuestas que redujeran el excesivo protagonismo que los intereses de la banca tienen para el buen hacer de la economía española, ni la muy necesaria reforma fiscal que corrija la enorme regresividad existente en España.
Su comportamiento se inspira en el pensamiento neoliberal surgido de los mayores centros universitarios de reflexión económica de EEUU y sus revistas supuestamente científicas. Es demostrativo de ello que en una de las escasas ocasiones que un portavoz del manifiesto de los 100 economistas respondió a mis críticas, no lo hizo respondiendo a mis datos, sino –en un intento de descalificación personal– a mi supuesta falta de conocimiento en Economía que según él quedaba mostrada en que (¡horror de los horrores!) yo nunca había publicado un artículo en American Economic Review, una revista que ha sido un fórum de promoción del pensamiento neoliberal en aquel país.
Durante 40 años he sido catedrático de Políticas Públicas (una especialidad en Ciencias Políticas y Económicas) en The Johns Hopkins University. A la vuelta del exilio, fui propuesto como catedrático extraordinario de Economía Aplicada en la Universidad Complutense. Más tarde fui catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, y después catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. En cuanto a publicaciones, según el instituto de análisis de literatura científica (Lauder Institute of Management and International Studies de Pensilvania), soy uno de los economistas y politólogo españoles más citado en la literatura científica internacional en Ciencias Sociales (que incluye Economía, Ciencias Políticas y Sociología, entre otras disciplinas). Escribo estas notas con cierta incomodidad (procedo de una familia y de una tradición que no ve con buenos ojos hablar de uno mismo) para denunciar los estrechos cánones de ortodoxia económica profundamente ideologizada existente en España, detrás de la cual está el enorme poder de la banca, que al promover el pensamiento neoliberal (que presenta como ciencia económica) está dañando el bienestar de la mayoría de la población española.

El estado federal estadounidense no es un estado liberal: es un estado profundamente keynesiano

Este artículo cuestiona la percepción generalizada en sectores mediáticos, políticos, y económicos españoles de que el estado federal estadounidense es un estado poco intervencionista, de sensibilidad liberal. El artículo muestra como tal estado es profundamente intervencionista (tiene, por ejemplo, uno de los mayores programas de empleo e inversiones públicas existentes en la OCDE) y keynesiano. Tal estado a través del gasto e inversiones militares configura en gran manera la economía de aquel país. El debate político y económico en EEUU –en contra de lo que asumen gran número de medios y pensadores europeos- no es entre liberales y keynesianos, sino entre keynesianos militares y keynesianos sociales.

Uno de los errores que se hacen con mayor frecuencia en los debates de economía política por parte de los economistas liberales (mejor definirlos como neoliberales) es considerar a Estados Unidos como un país liberal, con un estado federal de orientación liberal, contraponiendo este modelo de estado al estado de los países europeos a los que se les considera (al menos hasta hace poco) como estados keynesianos, es decir, estados que intervienen activamente en el quehacer económico del país. Esta visión es profundamente errónea. El estado federal de EEUU interviene mucho más en la economía estadounidense que los estados de la UE-15. Un detalle, por ejemplo, que los economistas neoliberales españoles parecen desconocer, es que EEUU es el país de la OCDE que tiene el mayor programa de creación de empleo público existente en la OCDE. Tal programa se ha situado en el centro del desarrollo económico de aquel país, convirtiendo al gobierno federal de EEUU en uno de los gobiernos actuales más keynesianos del mundo desarrollado. Lo que ocurre es que no se presenta o define como tal. Ni que decir tiene que su impacto económico es enorme. Las regiones urbanas en EEUU, donde las rentas familiares han aumentado, han sido aquellas donde se ha concentrado la creación de tal empleo. Este programa se llama: las fuerzas armadas de EEUU. El país, tiene 1.400.000 personas empleadas en servicio activo, 833.000 en la reserva, 1.600.000 trabajando en el territorio de EEUU, en las industrias relacionadas con tales fuerzas armadas. En realidad, si no existieran tales fuerzas, el desempleo en EEUU sería el 11.5% de la población activa, en lugar del 9,5% actual.
Tal empleo continúa creciendo sin que exista una lógica militar que la sostenga. En realidad, el propio secretario de estado de defensa (el cargo equivalente al de Ministro de Defensa en España) el republicano Gates, desea reducir sustancialmente el gasto militar pero no puede. La resistencia del Congreso de EEUU es enorme y tal resistencia tiene poco que ver con las necesidades de defensa del país, y más con la creación de empleo. Existe consenso entre los expertos del propio Ministerio de Defensa, por ejemplo, que el avión cargo C-17 utilizado por el Ejército del Aire debiera retirarse, pues no es necesario y ha sido sustituido por otros aviones cargos más útiles. Pero no puede retirarse porque produce 34.000 puestos de trabajo en gran número de estados, cuyos representantes se oponen frontalmente a tal cancelación. Ni que decir tiene que como ocurre siempre con los superpatriotas en cualquier país (incluyendo España), los argumentos que utilizan para sostener los enormes gastos públicos que consumen tales programas son la necesidad de defender EEUU y apoyar a las tropas que están en guerra en Afganistán, Irak o donde sea. EEUU está en una guerra nueva cada ocho años en algún lugar del mundo, siendo tal evento una de las maneras como los ciudadanos estadounidenses aprenden geografía.
Tal programa de creación de empleo explica también la activa promoción de armamentos, siendo EEUU el país, y de mucho, que exporta más equipamiento militar, pues tales exportaciones crean puestos de trabajo en EEUU. La India, Arabia Saudita y otros países están siendo presionados para que compren el avión de cargo C-17, que el propio secretario de estado de defensa considera desaconsejable para el propio país.
Esta es la lógica del enorme tamaño de lo que el Presidente Eisenhower llamó en su día el complejo militar industrial que está en el centro de la economía de EEUU. Y parece imparable. En realidad, el Presidente Obama, temeroso de que lo definieran como una persona blanda en defensa, ha incrementado todavía más el presupuesto militar siendo un 6.1% más elevado que durante la administración del Presidente Bush Jr., alcanzando un total de 708.000 millones de dólares. Esta cifra no incluye, por cierto, sectores afines como los servicios sanitarios para los veteranos que han servido en las fuerzas armadas, la inteligencia militar, el programa de gestión nuclear y otros servicios. Es importante subrayar que los republicanos y los conservadores dentro del Partido Demócrata que están deseando reducir el déficit público federal (en un 11% del PIB) no incluyen en sus propuestas la reducción del gasto militar.
Ni que decir tiene, tal complejo militar industrial está detrás de un enorme aparato mediático que promueve activamente un sentimiento que identifica patriotismo con intereses económicos de tal complejo industrial-militar, visión del patriotismo que se reproduce entre las clases populares, en parte porque obtiene ventajas directas, tal como la creación de empleo. De ahí que no sea de extrañar que los estado “más patrióticos” de EEUU sean los estados del sur (donde las derechas son más fuertes) y que tienen una mayor inversión militar.
El gran reto de las izquierdas en EEUU –un reto enorme, considerando el enorme poder del complejo industrial –militar- es redefinir lo que se entiende por seguridad y contraponer el keynesianismo social al keynesianismo militar. Como bien ha argumentado el que fue Ministro de Trabajo en la administración del Presidente Clinton, Robert Reich, tales inversiones en las áreas sociales, además de crear mucho más empleo, llenarían los enormes agujeros existentes en el estado del bienestar estadounidense, responsables de la escasa calidad de vida de la mayoría de las clases populares en el país. Hoy, por ejemplo, todavía no existe (y continuará sin existir, una vez se haya aplicado la reforma sanitaria del Presidente Obama) el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios médicos en momentos de necesidad, consecuencia de la privatización en la financiación y gestión del sistema sanitario estadounidense.
En realidad, algunos de los programas de inversiones sociales más importantes realizados en EEUU se han hecho recurriendo a la necesidad de garantizar la seguridad del país. La mayor inversión educativa hecha en EEUU fue después de la II Guerra Mundial, cuando con la ley Nacional de Seguridad Educacional, se creó en colaboración con los estados, un programa masivo de financiación de maestros. El sostenimiento de tal complejo militar industrial, aunque parezca favorecer al pueblo estadounidense, en realidad lo perjudica, pues tal población (y muy particularmente las clases populares) se beneficiarían mucho más si en lugar de tener un keynesianismo militar, EEUU tuviera un keynesianismo social. Esta observación adquiere especial importancia porque existe una creencia ampliamente extendida en sectores progresistas fuera de EEUU que asume que la clase trabajadora ha sido coartada por el sistema industrial-militar, convirtiéndose en parte del problema, al sacar beneficio de tal sistema, ignorando que la clase trabajadora conseguiría mayores beneficios con otro sistema más afín a sus necesidades. El hecho de que no lo tenga es indicador de que tales clases populares son las primeras víctimas de aquel sistema.

Los errores de la sabiduría convencional sobre las pensiones

LA VANGUARDIA publicó este domingo (09.01.11) un editorial titulado “La inevitable reforma de las pensiones”, que refleja la sabiduría convencional sobre las pensiones ampliamente promulgada y reproducida en los medios de información y persuasión del país, que podría haberse publicado en cualquiera de los cinco rotativos más importantes de España. El editorial subraya que existe un consenso generalizado entre los expertos de que la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se retrase la edad obligatoria de la jubilación. El editorial añade que hay ahora 17.6 millones de afiliados a la Seguridad Social (es decir, personas que cotizan a la Seguridad Social) y 8.4 millones de pensionistas, resultando en un ratio de aproximadamente 2 cotizantes por pensionista. Dentro de cuarenta años –indica el editorial de LA VANGUARDIA-, los expertos señalan que el número de pensionistas se doblará, y ello tendrá como resultado que habrá sólo un cotizante por pensionista, lo cual es insostenible. Con estos datos y argumentos, el editorial insinúa, previsiblemente, que la testarudez de los sindicatos y su incapacidad de entender estos datos está proyectando una actitud irresponsable en su resistencia a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación.
Hasta aquí el editorial. Valdría la pena analizar los supuestos que sostienen las postura del editorial, y ver quién es irresponsable, si los sindicatos o aquellos que suscriben este editorial de La Vanguardia, que refleja la sabiduría convencional. Veamos los datos.
En primer lugar, no es cierto que haya consenso entre los expertos sobre la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación. Es cierto que hay consenso entre los expertos con los cuales cuentan LA VANGUARDIA y otros de los mayores medios de información y persuasión. Incluyen, por ejemplo, al Sr. José A. Herce y a sus colegas, de Fedea (la Fundación de Estudios Económicos financiada por la gran Banca y las grandes empresas del país), los cuales tienen escasa credibilidad, tanto en sus estimaciones como en sus proyecciones sobre el futuro de las pensiones. El Sr. Herce ha estado prediciendo el “colapso” de la Seguridad Social desde hace ya muchos años. Así, en 1995, el Sr. Herce había pronosticado que el sistema de pensiones público tendría en el año 2000 un déficit de nada menos de un 0,62% del PIB. Llegó el 2000, y tal sistema no sólo no tenía ningún déficit, sino que estaba en superávit. Ello no fue obstáculo para que el supuesto experto profetizara más tarde que el déficit vendría en 2005. El 2005 llegó, y el sistema continuaba en superávit. Unas estimaciones igualmente erróneas fueron hechas por otros supuestos expertos, como Piñera y Weinstein (quienes indicaron que el colapso del sistema de pensiones sería en el 2000, y más tarde, al no darse el colapso en aquel año, lo retrasaron al 2005), Barea (otro catastrofista que también señaló el 2000, y más tarde el 2005 como el año del colapso), Taguas y Sáez, y otros. (Para un estudio más detallado de las predicciones de colapso fallidas, ver Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, “¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan”, Attac 2010, pp 30-37). Ahora bien, entre los expertos que conocen el tema no hay tal consenso. En realidad, hay más expertos que cuestionan las tesis de insostenibilidad de las pensiones públicas que expertos que la sostienen. Lo que pasa es que los primeros raramente aparecen en los medios, cuya orientación neoliberal explica que los expertos que cuestionan tal inviabilidad sean excluidos.
Veamos ahora el segundo error del editorial de LA VANGUARDIA, el de que en cuarenta años tendremos un cotizante por pensionista. Para llegar a este ratio se hacen una serie de supuestos altamente cuestionables. Se dice, por ejemplo, que el número de pensionistas actual se doblará, pero se asume que el número de cotizantes continuará igual, lo cual es absurdo. Ahora, el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza es sólo del 59,8% (2009) de la población, y ello como resultado del bajo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo (uno de los más bajos de la UE-15). Es impensable que este porcentaje no aumente, pues es más que probable que el porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo irá asemejándose más y más al porcentaje existente en el promedio de la UE-15 y con ello, el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza en la Seguridad Social llegue a ser un 70 o un 75%. Ello quiere decir que el número de cotizantes por pensionista será mucho mayor de lo que el editorial y sus expertos vaticinan.
En realidad, los famosos “expertos” ya habían predicho en 1995 déficits en el sistema de pensiones públicas en la primera década del siglo presente al subestimar el crecimiento de los cotizantes. Predijeron que habría en 2010 14.4 millones de afiliados (cotizantes a la Seguridad Social) y 8.7 millones de pensionistas. En realidad el número de pensionistas fue ya en 2007 de 8.4 millones (un número muy próximo al que habían estimado existiría en 2010), pero el número de afiliados fue de 17.6 millones, mucho mayor de lo estimado por los catastrofistas. Como consecuencia, la tasa pasó de ser 2.05 afiliados por pensionista en 1995 a 2.55 en 2010, y ello resultado de la entrada de la mujer y de la inmigración al mercado de trabajo.
Pero, además del incremento del número de cotizantes (que La Vanguardia ignora para poder llegar a su tesis de insostenibilidad) hay que considerar también el aumento de las cotizaciones (en caso de que se continúe financiando las pensiones con sistemas de reparto) o de los impuestos, como resultado del incremento de los salarios, resultado del incremento de la productividad, dato también ignorado por la sabiduría convencional reflejada en aquel editorial. En realidad, la riqueza (PIB) del país depende del número de trabajadores y de su productividad. El hecho de que los dos hayan aumentado explica que el PIB haya ido aumentando en España (excepto en estos últimos años de la Gran Recesión).
Pues bien, el aumento de la productividad implica que un trabajador produce cada vez más, y que puede sostener a más pensionistas que ahora. Si sumamos, pues, el incremento del número de cotizantes al incremento de la capacidad de cada cotizante para poder sostener a un pensionista, resulta claro que las cifras del editorial de LA VANGUARDIA son insuficientes para llegar a la conclusión a la que el editorial llega. Y tenemos evidencia de ello, si miramos lo que ha ido ocurriendo en los últimos 15 años. En 1995, la Secretaría General de la Seguridad Social distribuyó un Estudio Económico Actuarial titulado “La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI”. En este estudio se hacían las siguientes proyecciones. Se calculaba que en el año 2009 habría 3.876.177 pensionistas, y en el 2030, 5.133.383. En el año 2009, en lugar del proyectado 3.876.177 pensionistas, hubo 5.182.747, cifra mayor que las que se habían calculado en 1997 para el 2030. Imagínese el ruido mediático si se hubieran proyectado las cifras que al finan resultaron ser las válidas. Seguro que los “expertos” de LA VANGUARDIA habrían asumido que la Seguridad Social colapsaría. Pues, no sólo no colapsó, sino que en 2009 tenía superávit. ¿Qué había ocurrido? Pues muy fácil. Aunque el número de pensionistas aumentó enormemente, el PIB aumentó también considerablemente, de manera que si en 1995 España se gastaba 8.3% del PIB en pensiones (y las cotizaciones alcanzaban el 9.4% del PIB), en el 2008 el PIB había subido mucho más, de manera que cubrir aquel número mucho mayor significó en realidad un porcentaje incluso menor del PIB, un 7.8%, mientras que las cotizaciones subieron un 9.6%. La Seguridad Social no sólo no había colapsado, sino que estaba en superávit.
Basados en estos datos podemos ver lo erróneo de predecir el futuro en tono catastrofista. Si el incremento de la productividad fuera de un 2% por año (la cifra que el nuevo Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, utilizó en su entrevista a EL PAÍS, 12.12.10), resultaría que el PIB dentro de cuarenta años sería 2.2 veces mayor que ahora. Si a ello se suma el incremento de la población, resulta que este porcentaje puede ser incluso mayor. ¿Cuál es, pues, el problema? El Sr. Valeriano Gómez, por cierto, erró de nuevo cuando indicó que incluso en el caso de que la productividad aumentara un 2%, España no podría sostener un 15% del PIB en pensiones en el año 2050. Esto no es cierto y es fácil de demostrar que el Ministro está equivocado. Eleve el crecimiento del 2% a 40 años y verá que en 2050 el PIB sería 2.2 veces mayor que el actual. Ello quiere decir que si ahora el PIB es 100 (con un 8 a pensiones, y 92 a no pensionistas), en 2050 el PIB sería 220, con lo cual un 15% (33) sería para pensionistas y 187 para los no pensionistas. Tanto los pensionistas como los no pensionistas tendrían muchos más recursos que ahora. El hecho de que en el año 2050 el 15% fuera a pensiones, no quiere decir que los no pensionistas tuviesen menos recursos. Habría más que ahora. El Sr. Rubalcaba decía que no le salían los números al gobierno. Si al gobierno no le salen los números, sería aconsejable que mejorara sus calculadoras.

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¿El estado del bienestar lo inventaron las derechas?

El Sr. Mariano Rajoy, Presidente del Partido Popular, en un discurso que dio en una reunión del Partido Popular Europeo, en Ciudad Real, hizo la siguiente declaración, y lo cito directamente tal como lo dijo, “el estado del bienestar lo inventaron conservadores y democristianos, no la izquierda”, añadiendo que es importante “arrebatar a la izquierda la bandera de las políticas sociales, desmitificando tal compromiso que las izquierdas presumen sin razón y sin resultado”. Esta orientación reafirma el intento de tal partido de identificarse como el partido de los trabajadores, expresión que ha utilizado en más de una ocasión y que ahora expande definiéndola también como el partido fundador del estado del bienestar.
El Sr. Mariano Rajoy hablaba a una audiencia europea y por lo tanto es de asumir que al definir a los conservadores y cristiano demócratas como los fundadores del estado del bienestar se estaba refiriendo tanto a Europa como a España. En un artículo publicado en Público “Derechas sin sensibilidad social” (10 Marzo 2011) he mostrado que es difícil sostener tal afirmación en España, donde el gran retraso del estado del bienestar se debe precisamente al enorme dominio que las fuerzas conservadoras y cristianas han tenido sobre el Estado español a lo largo de la historia (ver también mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias).
Pero encuentro también sorprendente que atribuya a los conservadores y demócratacristianos el establecimiento del estado del bienestar en los países de Europa, pues refleja un desconocimiento muy marcado de la historia del estado del bienestar en este continente, a menos que confunda el estado del bienestar con “el estado asistencial dirigido a los pobres” que ha caracterizado la propuesta social de tales fuerzas políticas conservadoras. La Iglesia y sus instrumentos políticos favorecieron históricamente la intervención pública para cuidar a los pobres y a las personas indigentes vulnerables de ser marginadas por la falta de recursos. Incluso hoy, la Real Academia de la Lengua Española, una de las instituciones más conservadoras existentes en España (como la mayoría de Reales Academias), define al estado del bienestar como “las prestaciones sociales otorgadas a los menos favorecidos por el Estado” es decir, a los pobres.
El estado del bienestar, establecido por la socialdemocracia, (definiendo como tal todas las sensibilidades socialistas que desean desarrollar tal proyecto político a través de la vía democrática, llámense como se llamen: partidos socialistas, laboristas, socialdemócratas o comunistas) es un estado universal, en el que, desde el principio, los derechos sociales eran para todos, ciudadanos y residentes, sin limitaciones o definición de derechos según el nivel de renta. La traducción operativa de este derecho son las transferencias y los servicios públicos universales, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios, entre otros, que no se otorgan por el Estado, sino que se consideran como derechos de todos los ciudadanos que son garantizados por el Estado. El motor de tal proyecto históricamente fue el movimiento obrero en alianza con las clases medias.
La Iglesia y las fuerzas conservadoras, incluyendo los liberales, se opusieron a tal estado del bienestar hablando en su lugar de la sociedad del bienestar. El eje social de la Iglesia era la familia, donde la mujer cuidaba de los niños y de los ancianos y el esposo trabajaba desde los 16 a los 65 años, financiando las transferencias de fondos públicos -como las pensiones y la sanidad- a través de las cotizaciones sociales de los empresarios y de los trabajadores a las cajas de la Seguridad Social, controladas por los empresarios y trabajadores (divididos en distintos sectores) junto con representantes del estado. Tal formato sí que había sido establecido por un conservador, el canciller Bismarck, que temeroso de los movimientos obreros, que estaban surgiendo con fuerza en Europa, quiso romper con la solidaridad obrera estableciendo una diversidad de beneficios de manera que unos trabajadores tendrían más beneficios que otros, enfrentando a unos trabajadores con otros. Su enemigo era la universalidad de derechos, tal como el propio Bismarck indicó. La manera de frenar el movimiento obrero no era sólo mediante la represión, sino también con medidas que dividieran a la clase trabajadora. De ahí surgió el programa de Seguridad Social que se establecía, no a partir de fondos del estado, sino a partir de contribuciones de los propios trabajadores y de los empresarios, donde los beneficios respondían a un sistema jerárquico dependiendo del lugar del trabajador en el orden social, que quería defenderse y reproducirse con tal programa. (Ver Vicente Navarro “Why some countries have National Health Insurance, others have National Health Services and The US has neither” International Journal of Health Services 19 (3) pp. 383-404.1989).
Este modelo conservador ha ido cambiando resultado de las alianzas que tales fuerzas conservadoras tuvieron que hacer con la social democracia a fin de poder gobernar. Y así se han ido adaptando a un modelo universal. Pero el presente está influenciado por esta historia. Incluso hoy, la canciller Angela Merkel de Alemania ha tenido grandes dificultades en romper el corporativismo de las múltiples cajas de la Seguridad Social en su camino a alcanzar el universalismo que deriva primordialmente de la tradición socialdemócrata. Por lo demás, el estado del bienestar más desarrollado es en los países nórdicos de tradición socialdemócrata. El gasto en protección social en 2006 (antes de que comenzara la crisis) era en Suecia 29% del PIB, en Dinamarca 29.8% del PIB y en Finlandia 27.4% del PIB. Por el contrario, el estado del bienestar menos desarrollado es en el Sur de Europa y, muy en particular, en España 18.6% del PIB y en Portugal 22.4% del PIB, donde las fuerzas conservadoras y cristianas han gobernado durante más tiempo después de la II Guerra Mundial.
La enorme popularidad del estado del bienestar explica que una vez obtenido un derecho social o laboral, es difícil de reducirlo o eliminarlo. Y de ahí que la democracia cristiana y los conservadores hayan aceptado la existencia de tales derechos, e incluso en algunas ocasiones, los han extendido, aunque en mucha menor frecuencia que los partidos socialdemócratas. Las declaraciones de paternidad del estado del bienestar por parte del Sr. Mariano Rajoy son, pues, incorrectas y erróneas, pues la evidencia existente, tanto en España, como en Europa, no las avalan.

Falsedades sobre las pensiones

El retraso obligatorio de la edad de jubilación se basa en varios supuestos que son erróneos. Por ejemplo, se ha argumentado frecuentemente, por parte de aquellos autores que favorecen tal retraso, que, puesto que la población vive ahora muchos más años que antes, está también en condiciones de poder trabajar durante más tiempo. Se asume que, al haberse incrementado cuatro años la esperanza de vida en España en los últimos 20 años, la gente muere ahora cuatro años más tarde que hace 20 años, lo cual no es cierto. Los que hacen tal supuesto ignoran cómo se calcula la esperanza de vida de un país.
Supongamos que España tuviera dos habitantes: uno, Juanito, que muere al día siguiente de nacer y otro, la señora María, que muere a los 80 años. En esta España de dos ciudadanos, la esperanza de vida promedio sería de (0+80):2=40 años. Pero en un país vecino llamado Vecinolandia hay también sólo dos ciudadanos: uno, Pepito, que no muere al día siguiente de nacer, sino 20 años más tarde y la otra vecina, la señora Julia, que, como la señora María de España, muere a los 80 años. La esperanza de vida promedio de Vecinolandia es de (20+80):2=50 años, es decir, diez años más que en España. Pero esto no quiere decir (como constante y erróneamente se asume) que la señora Julia viva diez años más que la señora María. Lo que ha ocurrido es que la mortalidad de los infantes y jóvenes es mucho más baja en Vecinolandia que en España. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos 20 años: la mortalidad infantil y juvenil ha ido descendiendo, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando. Ni que decir tiene que los mayores (de 65 años y más) también han visto alargada su vida, pero mucho menos que los famosos cuatro años. En realidad, desde el año 1991 ha aumentado sólo 2,3 años.
Un segundo error que se hace es suponer que, puesto que la población vive más años, tal población puede continuar trabajando después de los 65 años, con la misma capacidad y vitalidad de trabajo que tiene a los 65. Se asume, pues, que al vivir más años la edad de envejecimiento también se retrasa. De ahí que se considere (erróneamente) que si ahora las personas que llegan a los 65 años viven 2,3 años más que hace veinte años, tales personas tendrán 2,3 años más de vida saludable, retrasando la edad de envejecer 2,3 años más. Esto no es así. En realidad, la edad de envejecimiento se ha adelantado, en lugar de retrasarse.
Eileen Crimmins y Hiram Beltrán-Sánchez, investigadores del Centro de Geriatría de la Universidad del Sur de California, han publicado recientemente el artículo “Mortality and Morbidity Trends: Is there compression of Morbidity?” (“Tendencias de mortalidad y morbilidad: ¿existe una reducción de la morbilidad?”) en la revista Journal of Gerontology (06-12-10) que analiza la evolución de los años de vida saludable (es decir, vida sin enfermedades) que tiene la población en EEUU. Pues bien, tal estudio concluye que una persona que tenga 20 años ahora, tendrá un año menos de vida saludable durante toda su vida que una persona de 20 años de hace diez años, y ello a pesar de que la esperanza de vida del primero sea mayor que la del segundo. Tales autores subrayan que es un error creer que el hecho de que las personas vivirán más años significa que van a vivir más años con salud. Tal supuesto asume erróneamente que las mismas causas que determinan que la población viva más años determinan también que sean años más sanos, lo cual no es cierto.
De ahí la importancia de tomar como indicadores de vida laboral potencial (es decir, el número de años que el trabajador puede continuar trabajando) el número de años saludables durante la vida de una persona, antes y después de los 65 años, en lugar de considerar los años de vida que tendrá a partir de los 65. Tomando aquel indicador –años de vida sanos–, resulta que tal número ha disminuido en EEUU desde 1998. Se vive más años, pero menos años con salud. Un hombre de 20 años en 1998 puede esperar vivir 45 años más sin tener una de las tres mayores enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Pero estos 45 años descendieron a 43,8 años en el año 2005, es decir, más de un año. En las mujeres jóvenes pasa de 49,2 a 48 años durante el mismo periodo.
Otro indicador es la existencia de problemas de movilidad, definiendo como tal la capacidad de subir una escalera de más de diez escalones, andar más de medio kilómetro o estar de pie más de dos horas sin ninguna ayuda. Un joven de 20 años hoy tendrá –como promedio– 5,8 años de movilidad limitada, comparado con sólo 3,8 años hace diez años, es decir, dos años más. Una mujer joven que tiene 20 años ahora tendrá 9,8 años sin movilidad, comparado con 7,3 años hace diez años.
Todos estos datos muestran que hemos podido retrasar el año en que nos morimos, pero no necesariamente retrasar ni la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Desde 1998 a 2006 pudimos retrasar, por ejemplo, la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares entre los varones de edad avanzada, pero no el inicio de esta enfermedad crónica. Lo mismo en cuanto al cáncer y la diabetes, que han crecido, por cierto, durante estos diez años, sobre todo en las poblaciones de más de 30 años. Es decir, se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades y la supervivencia de los enfermos, pero no hemos reducido o eliminado tales enfermedades crónicas.
Pero lo que es incluso más preocupante es que existe un gradiente de cronicidad según la clase social del individuo, de manera que las limitaciones de movilidad y salud son más acentuadas en las clases populares que en las clases de renta alta (que son las que tienen mayor influencia política y mediática en nuestras sociedades). Todos estos datos son ignorados en la propuesta de retrasar obligatoriamente dos años la edad de jubilación.